El largo debate entre la Superintendencia de Pensiones (Supén) y la Caja Costarricense de Seguro Social sobre la salud del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) halló un nuevo y autorizado participante: el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conasiff). La más alta entidad reguladora manifestó su decidido respaldo al clamor de la Supén por una profunda revisión del fondo de jubilaciones más importante del país.
Según la Supén, las reservas del IVM apenas dan para evitar apuros financieros hasta el 2027. La Caja las considera suficientes para mantener el régimen solvente hasta el 2040. La discusión se centra en los resultados dispares de diversos estudios actuariales, pero la Supén respalda su posición con datos actuales, a cuya luz se advierten dificultades para acrecentar las reservas. Con vista en los estados financieros, Supén señala que los ingresos del periodo apenas alcanzan para satisfacer el gasto. No hay excedentes para asegurar el sostenimiento del régimen a futuro.
El tema es complejo, pero no sobra ningún esfuerzo dirigido a esclarecerlo. En juego está el bienestar individual de los cotizantes así como la estabilidad social del país. Una vejez desprotegida, ayuna de los recursos necesarios para subsistir con dignidad, es un factor de inestabilidad económica y política, para no mencionar las obvias repercusiones humanas del caso.
A lo largo del debate, la Caja ha mantenido una posición pétrea, basada en la considerable autonomía concedida por su ley fundacional. Supén y Conassif no están facultadas para regular a la institución. Solo pueden supervisarla. Esa tarea se les ha hecho difícil en virtud del discreto manejo de la información por parte de la Caja.
A mediados del 2010, Édgar Robles, superintendente de Pensiones, denunció los argumentos “absurdos” de la entidad aseguradora para ignorar las solicitudes de información. La Caja se quejaba de la divulgación de datos que, en cualquier caso, son de carácter público.
La situación parece estar cambiando. La insistencia de Supén, la atención prestada al tema por una comisión legislativa constituida al efecto, las irregularidades detectadas en la administración del régimen, la suspensión y reciente destitución del gerente de Pensiones, la publicidad del debate, los datos financieros cada vez más preocupantes y, ahora, la intervención del Conassif, se suman para exigir mayor apertura.
José Luis Quesada, nuevo gerente de Pensiones, dice haber satisfecho 68 de las 84 solicitudes de información de la Supén. Las demás están en trámite. El número nada dice de la calidad de la información suministrada, y la entrega no ha sido expedita, pero el tono es diferente y funda una esperanza de transparencia.
Además, por primera vez la Caja reconoce la necesidad de hacer ajustes. El ejemplo empleado por el gerente Quesada no es el más significativo, pero no obsta para reconocer un avance. Según el funcionario, se impone revisar el sistema de pensión proporcional a cuyo amparo es posible jubilarse antes de los 65 años, con una pensión menos cuantiosa. Demasiados asegurados se acogen al régimen, incrementan sus egresos y dejan de hacer aportes.
El problema es significativo, pero Supén prefiere hablar de temas más profundos y políticamente sensibles, como la posibilidad de incrementar las cotizaciones y modificar los beneficios si los estudios actuariales demuestran la necesidad de hacerlo. Son medidas dolorosas, como lo demuestran las experiencias de muchos países más ricos que el nuestro. Por eso la Supén propone salir de dudas mediante un estudio actuarial cuyas conclusiones deberían estar listas en abril del año entrante.
La actual administración de la Caja, es justo reconocerlo, ha demostrado valentía y voluntad para encarar los graves problemas del Régimen de Enfermedad y Maternidad, en cuya difícil situación financiera ya se nota mejoría. Es hora de extender esas virtudes al ámbito de las pensiones.