Las anécdotas sobran. Ninguna de ellas es memorable. Desde golpes contra postes hasta caídas en alcantarillas, las personas con discapacidad ponen en riesgo su vida cada vez que salen de sus casas para enfrentar el mundo.
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Aceras, calles, bulevares y rampas en mal estado se confabulan contra esta población, que representa el 10% de los costarricenses. Aunado a lo anterior, la falta de adaptaciones en edificios les dificulta el acceso a servicios básicos como salud y educación.
Érick Chacón, persona ciega y que usa bastón, recuerda cuando en una oportunidad una alcantarilla sin tapa jugó en su contra.
“Me fui hasta el cuello en una alcantarilla; con raspones y un golpe en la frente, salí de ahí”.
Otras personas, como Yorleny Araya, quien se apoya en un perro guía para movilizarse, se enfrentan a diario con la falta de conciencia por parte de la ciudadanía.
“Es muy común encontrarse un vehículo parqueado al puro frente de una rampa”, denunció Araya.
Elementos que para cualquier transeúnte son parte del paisaje urbano se convierten en verdaderas barreras físicas para las personas con discapacidad.
Mupis, quioscos en las acercas y puestos de vendedores ambulantes dificultan su desplazamiento.
“Los obstáculos de las calles transforman el entorno en una ciudad agresiva”, expresó Eduardo Lizano, quien usa bordón.
Esta frustración se plasma en muchos ires y venires a municipalidades y otras entidades públicas, así como a la Sala Constitucional.
El año pasado, esta emitió 42 sentencias relacionadas con la violación a derechos de las personas con discapacidad; 28 por incumplimientos en infraestructura.
Tema transversal.La Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, pese a sus casi 17 años de existencia, en gran parte yace en el papel.
La legislación establece que la fiscalización de los espacios accesibles recae sobre entidades como las municipalidades.
De acuerdo con Juan Rafael Marín, ministro de Descentralización y Desarrollo Local, la accesibilidad es “un tema prioritario”, tanto en espacios exteriores como en la aprobación de permisos de construcción para los municipios.
Sin embargo, Maritza Parini, presidenta de la Federación Costarricense de Organizaciones de Personas con Discapacidad (Fecodis), aseguró que los gobiernos locales incumplen en su tarea de adaptación de espacios físicos.
“Algunas municipalidades no están cumpliendo con su cuota de responsabilidad. El tema de accesibilidad es un tema que ha quedado rezagado”, aseveró Parini.
Johnny Araya, alcalde de San José, manifestó que durante los últimos años el remozamiento de espacios públicos en la capital ha tomado en cuenta la accesibilidad.
“Hemos trabajado en la remodelación de aceras y rampas para permitir el libre tránsito de la población”, aseveró Araya.
Para Eugenia Morales, arquitecta del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, facilitar el acceso es un asunto que debe ser concebido desde el anteproyecto de la obra.
“Como profesional debo cumplir con la reglamentación”, agregó. “Todos tenemos derecho a los espacios públicos”.
El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), ente rector en discapacidad, opinó que las capacitaciones a autoridades competentes en el tema es fundamental para cambiar el panorama que enfrentan las personas con capacidades diferentes.
Agregó que todavía falta camino por recorrer y el trabajo en conjunto entre instituciones estatales y la ciudadanía es esencial para lograr que Costa Rica sea más accesible para toda la población.