¿Es recurrente el tema de discapidad en la Sala Constitucional?
Desgraciadamente sí es recurrente.
”Uno esperaría que no fuese así porque la Ley 7600 entró en vigencia en 1996 y se había dado en transitorio un plazo de 10 años, a efecto de que todas las instituciones adaptaran su infraestructura”.
¿Cuáles son las principales denuncias?
Generalmente, lo que vienen es alegando problemas de accesibilidad en sitios públicos. Por ejemplo, que no puedan ingresar a una escuela o a una soda porque no tiene accesibilidad.
¿Por qué cree usted que a casi 17 años de promulgada esta ley, un ciudadano tenga que recurrir a estas instancias para garantizar su derecho?
A veces hay desidia por parte de las autoridades llamadas a cumplir con la ley al no exigir los requisitos correspondientes.
”También puede haber un problema de tipo cultural. En nuestro país se ha ido perdiendo el respeto a la ley y hay una falta de sensibilización por parte de todos los que tenemos nuestras facultades plenas”.
¿Quién debe ser el propulsor o las instancias que deben obligar a que esta ley se cumpla?
El que debe velar para que se cumpla la ley es el Poder Ejecutivo. Ya el Legislativo hizo lo que tenía que hacer, ya dictó la ley.
”La Sala hace lo que le corresponde cuando ve una vulneración a un derecho fundamental”.
¿Ve un panorama alentador en este tema?
Uno esperaría que a mediano plazo la tendencia sea la accesibilidad, en cuyo caso los recursos de amparo deberían ser lo residual o lo mínimo. Eso es lo que uno podría esperar, que vayan en esa misma dirección.