La desmejora en las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), reconocida en un mensaje enviado al personal de la institución por el presidente ejecutivo, Teófilo de la Torre, obligará a revisar el plan estratégico para adecuarlo a la realidad del momento.
La necesidad del ajuste es incuestionable en vista de la transformación del mercado. Las intenciones de la alta administración son inobjetables, pero en el anuncio hay una implícita admisión de los errores que explican las dificultades del presente. Si el plan estratégico no está alineado con la realidad actual, el motivo es la imprevisión y la resistencia al cambio, llevada al extremo de fingir la inexistencia de una auténtica revolución tecnológica y comercial en el sector de las telecomunicaciones.
El ICE, dice su presidente ejecutivo, incrementó sus gastos de planilla mientras disminuían los ingresos por su participación en el mercado de las telecomunicaciones. En lugar de procurar la eficiencia y productividad para competir con éxito, como ahora pretende hacerlo, la institución simplemente creció y dirigió sus esfuerzos a retrasar transformaciones inevitables.
La apertura del mercado de las telecomunicaciones, es cierto, fue una decisión legislativa. El Congreso pudo haberse inclinado en otra dirección, pero el precio para la competitividad del país habría sido cada vez mayor, hasta tornarse incosteable. En realidad no había opciones, y la institución estatal no habría sido capaz de mantener, por sí sola, el ritmo de inversión e innovación necesario para incentivar el desarrollo.
Por otra parte, el impacto del cambio tecnológico nunca dependió de la voluntad política nacional. La inolvidable intervención de un diputado para proponer la ilegalización de los servicios de telefonía basados en Internet es un ejemplo ilustrativo. En aquel momento, apenas asomaba la competencia de los números virtuales, el “call back” y empresas como Skype. Constituían una amenaza para uno de los rubros más rentables de la división de telecomunicaciones del ICE: las llamadas internacionales cuyo costo, recordarán los consumidores, era todo menos moderado.
Era imposible enfrentar la competencia de los nuevos servicios, así que la ingenua reacción del legislador fue suprimirla. Por fortuna, el país pronto comprendió la imposibilidad de hacerlo. Suprimir el reto no estaba en sus manos porque la tecnología misma se encargaría de impedirlo. La actitud del diputado, sin embargo, es emblemática de un modo de pensar que empieza a cambiar, pero estuvo firmemente enraizado en el ICE, que hoy no puede darse por sorprendido ante los cambios.
En octubre del 2005, La Nación informó de que, en el fundado criterio de los expertos, Internet sustituiría la telefonía tradicional en pocos años. Pablo Cob, entonces presidente ejecutivo del ICE, reconocía el carácter “inevitable” de la “revolución” y proponía “migrar” hacia la comercialización del acceso a Internet y del tráfico de voz por ese medio. También pronosticó el fin de las centrales telefónicas y su reemplazo por un sistema basado en la red.
La telefonía tradicional “se evaporará”, dijo entonces Guy de Téramond, ministro de Ciencia y Tecnología, a cuyo tesón el país debe la adopción de la Internet de banda ancha, pese a la resistencia del ICE, temeroso de la inevitable competencia de las telecomunicaciones basadas en la red. Para esa fecha, las nuevas tecnologías ya le habían arrebatado el 25% de los ingresos a las operadoras tradicionales en Europa. Ese cambio no obedecía a la apertura de mercados, sino al avance tecnológico.
Así de predecible era el estancamiento de hoy en los ingresos por telecomunicaciones. Así de necesario era un plan estratégico diseñado para el futuro inmediato, cuyas características eran evidentes para Cob, Téramond, la prensa y cualquier observador capaz de comprender la necesidad de adelantarse a los acontecimientos que ya ocurrían en otras partes del mundo, en lugar de insistir en la explotación, hasta el último momento, de las precarias fuentes de ingreso tradicionales.
Pablo Ureña, directivo de Radiográfica Costarricense (Racsa) en la década del 90, sostiene que la subsidiaria del ICE pudo ofrecer servicio de voz sobre protocolo de Internet desde 1999, “pero el ICE se lo prohibió porque afectaba la facturación de llamadas al exterior mediante sus centrales”. La oportunidad perdida contribuyó a erosionar la ventajosa posición de Racsa, en aquel momento dueña del 47% del mercado de Internet.
Bienvenido el ajuste al plan estratégico del ICE, pero el lamento de la imprevisión que lo hace necesario debe servir para no incorporarle los mismos errores, ni en telecomunicaciones ni en el campo de la generación eléctrica.