El permiso que obtuvo el pasado 21 de enero la empresa DPL Semillas para sembrar 0,9 hectáreas de maíz transgénico, puso el tema de la seguridad de los organismos genéticamente modificados (OGM) en boca y ojos de muchos, y despertó fuerte polémica.
Sin embargo, la historia de estos cultivos en el país no es reciente. Comenzó hace 22 años y desde entonces se otorgaron 68 licencias, tanto para investigación como para desarrollo de semillas.
El área de maíz que desató la guerra de argumentos a favor y en contra de los transgénicos es ínfima frente a las 10.627 hectáreas (ha) de cultivo de OGM autorizadas en esas dos décadas, según datos aportados a La Nación por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
A manera de comparación, la superficie de esos permisos equivale al 11% del área cafetalera del 2012, que fue de 93.774 hectáreas.
Soya pionera. Fue en 1991 cuando todo comenzó para la siembra de transgénicos en Costa Rica. El movimiento inicial lo dio la empresa nacional Los Gansos S. A. cuando planteó una solicitud al SFE para importar y sembrar soya genéticamente modificada.
Desde entonces, se otorgaron 68 permisos (solo uno se rechazó). De estos, 68% corresponde a autorizaciones para reproducción de semilla, lo cual significa que la empresa siembra, multiplica semillas y exporta la totalidad de la producción; el resto se trata de autorizaciones para investigación.
“Costa Rica no produce transgénicos, produce únicamente semillas de exportación que no se comercializan dentro del mercado interno”, explicó la ministra de Agricultura, Gloria Abraham.
Se han hecho ensayos con soya, algodón, maíz, piña, arroz, banano, plátano y tiquizque. Hoy día funcionan en el país siete ensayos con cultivos transgénicos de algodón, soya, piña y banano, a cargo de siete empresas.
Regulación. A partir de la primera solicitud para cultivas OGM, se creó la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, con el fin de realizar evaluaciones de riesgo.
Este ente se encarga únicamente de evaluar aspectos técnico-científicos. “La legislación no dice que debamos aprobar un estudio de impacto ambiental”, dijo Alex May, presidente de dicha comisión. Tampoco realizan estudios socioeconómicos.
Una vez que la Comisión autoriza un evento, el permiso no vence. Es decir, cuando un cultivo finaliza, si la empresa quiere sembrar más área y cantidad de la misma semilla, solo lo solicita al MAG. “(...) ya no hay que hacer una evaluación de riesgo, porque ya se hizo para esa planta y ese evento ('). El Ministerio tendría que decir si es necesario mandarlo a la Comisión”, explicó May.
La supervisión de los cultivos recae en una persona de la Dirección de Biotecnología del SFE y otra de la Oficina Nacional de Semillas (ONS). Además, desde el 2005, las empresas tienen que contratar a un auditor externo, que elabore un informe mensual.
Alonso Chacón, encargado de regular los OGM por parte de la ONS, mencionó que se realizan visitas a las empresas para garantizar que no haya irregularidades.
Aunque las autoridades del SFE y la ONS consideran que no ha habido ninguna situación de riesgo en los 22 años de cultivo, hay quienes opinan lo contrario.
Fabián Pacheco, representante ecologista en la Comisión, considera que ante la carencia de estudios sobre la afectación en la vida del suelo e insectos, o efectos en la salud, es difícil saber cuál es el impacto de los cultivos.
Por ejemplo, en el caso de las siembras de maíz en años anteriores, Federico Albertazzi, biólogo del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, manifestó que “no hay datos de si hubo o no flujo de genes”.