En el 2005 el Comité Cívico de Cañas, una organización comunitaria que se ha encargado desde 1997 de monitorear cultivos genéticamente modificados en la zona, denunció ante el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) la presencia de plantas de algodón en los bordes de las carreteras y en casas de la comunidad.
Las autoridades del SFE tomaron muestras de cinco plantas para evaluar la presencia de OGM.
Un informe del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario, de junio del 2005, indicó que el análisis dio positivo en tres muestras.
Ana Julia Arana, secretaria del Comité, relató que en dicha ocasión las autoridades del SFE intervinieron para destruir las plantas. “Hicimos una limpieza, participaron miembros de la empresa D&PL y de la comunidad”.
A pesar de la presencia de rebrotes, el presidente de la Comisión de Bioseguridad, Alex May, no lo considera un riesgo porque en la zona no hay parientes silvestres del algodón. “Son situaciones de percepción pública, pero no es un riesgo, porque la mayoría de esas plantaciones que encontramos, son plantaciones ferales (salvajes)”, dijo.
May agregó que hay una “relación de capacitación y entrenamiento” con dichas organizaciones comunitarias.
A su vez, el biólogo del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, Federico Albertazzi, resaltó que aunque no debería haber rebrotes, el riesgo de flujo de genes en este caso es bajo.
Sin embargo, Fabián Pacheco, de la Comisión de Bioseguridad, considera que la situación evidenció que los transgénicos, por más protocolos de bioseguridad, se terminan escapando de los campos de cultivo y zonas experimentales hacia el escenario agrícola nacional.
Desde la intervención de las autoridades, Arana cuenta que los rebrotes continúan. “El problema es que las plantas se arrancan y vuelven a crecer. Uno denuncia y denuncia y los rebrotes siguen. Quiere decir que no hay cuidado, no hay verdadera seguridad en cuanto a la siembra”. Para ella la siembra de algodón modificado en su comunidad “lo único que aporta es trabajo”.