Ya transcurrió el tiempo necesario para pasar juicio sobre el multipartidismo surgido de las elecciones del 2002 y consolidado con el derrumbe de la Unidad Socialcristiana, uno de los dos polos del viejo régimen. En su momento, muchos saludaron la fragmentación de la Asamblea Legislativa como si se tratara de una renovación democrática. No faltaron vaticinios de mejora en la toma de decisiones, dada la posibilidad de formar coaliciones ad hoc, según los intereses comunes de determinadas bancadas.
El partido gobernante, en este caso Liberación, podría mirar a la izquierda para aprobar un proyecto tributario o a la derecha para impulsar la reforma del Estado. No resultó así. Para infortunio del nuevo esquema, el partido de gobierno rara vez tiene oportunidad de identificar intereses en común con las demás agrupaciones y más bien son los opositores quienes encuentran un factor de unidad en la confrontación con el Ejecutivo.
Así se explica la conformación de una alianza parlamentaria tan dispar como la de la legislatura pasada, con participación tanto del Frente Amplio como del Movimiento Libertario, pasando por todo lo existente entre los dos. Imposible extraer de ella una propuesta o programa. Estaba diseñada para impedir la acción, no para promoverla.
El multipartidismo no resultó un ejercicio de pluralismo, sino de atomización. La pluralidad de fracciones eleva los defectos del reglamento legislativo a su máxima potencia y nos acerca a la parálisis.
Por lo pronto, la dispersión política conserva algunos límites. Sus partes son, en general, agrupaciones vinculadas por determinada visión de la realidad. Solo el Partido Accesibilidad sin Exclusión rompe el esquema y se plantea como representante de un sector social: las personas con discapacidad.
Sin embargo, surge la tentación, dadas las posibilidades ofrecidas por el sistema electoral, de lanzar candidaturas en defensa de intereses sectoriales concretos. El recién creado Partido de los Transportistas nace con la pretensión de representar en el próximo Congreso a los taxistas formales –no a los “piratas”– a los operadores de tráileres y autobuses y hasta a los motociclistas aglutinados en torno al conflicto con el Instituto Nacional de Seguros por el monto de las primas.
La incorporación al plenario de estrechas agendas gremiales, sean de patronos, trabajadores o profesionales, es un paso peligroso por la senda de la atomización. Su primera manifestación es un buen motivo para urgir la reforma del Reglamento del Congreso, a cuyo amparo un solo legislador puede secuestrar la voluntad del resto hasta conseguir la satisfacción de sus demandas.