La Contraloría General de la República ordenó al Instituto Nacional de Seguros (INS) reiniciar el cobro de ¢3.465 millones a patronos deudores del Seguro de Riesgos del Trabajo.
El mandato se desprende de un informe de auditoría con fecha del 11 de febrero, donde se investiga la gestión de cobro de la aseguradora. Ahí se detectó que la empresa estatal libró del pago a un grupo de más de 526 compañías por la atención de empleados no asegurados, con base en una normativa interna.
Sin embargo, la condonación debía hacerse mediante una ley al tratarse de empresas privadas, determinó el ente contralor. La investigación concluyó que el INS tomó la medida para disminuir el monto de las cuentas por cobrar.
El estudio analizó el proceso de cobro del Instituto entre 1.° de enero del 2008 y el 30 de junio del 2012.
Para reforzar dicha gestión, la aseguradora contrató empresas externas y profesionales privados para que hicieran el trabajo, pero luego centralizó la labor en su subsidiaria Insurance Servicios S. A.
Guillermo Constenla, presidente ejecutivo del INS, confirmó que apelaron las conclusiones del estudio de fiscalización. “No voy a ahondar en el tema hasta tanto no se produzca la apelación y la Contraloría no defina su posición. Cuando tengamos la resolución definitiva, responderemos”, dijo.
El jerarca insistió en que la investigación aún no está en firme.
Deudas viejas. La Contraloría destacó que la gestión del INS permitió recuperar ¢11.456 millones de todos los patronos deudores. No obstante, encontró casos en que se acumularon hasta 4.000 días sin que las firmas contratadas realizaran algún trámite, además de procesos que datan de la década de 1970 y 1980.
“Determinamos que la gestión de cobro (en el INS) no fue eficiente, pese a que se tomaron medidas como la contratación de servicios de apoyo externo”, enfatizó Manuel Corrales, gerente del Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la Contraloría.
Esta institución dio un plazo de 10 días hábiles a la Junta Directiva del INS, una vez recibido el informe, para que certifique que se giró la instrucción de no omitir los cobros a los patronos en el caso de accidentes de empleados sin seguro de Riesgos del Trabajo.
La gerencia del Instituto deberá remitir, en un plazo de tres meses, una declaración jurada que indique que los procedimientos solicitados por Contraloría fueron debidamente elaborados, y divulgados entre sus funcionarios y la empresa subcontratada responsable de la gestión de cobros.