Hoy, el Gobierno de la República sigue autorizado para declarar la guerra en cualquier momento al Gobierno del Imperio alemán, a Japón o a cualquier potencia no americana que ataque a cualquier país en el continente.
Los guerreros deberían apegarse al “Reglamento de Milicias” y cuidarse para regresar vivos sin condenar a sus familias a una pensión como la que todavía rige para la mamá de Juan Santamaría.
Y está prohibido cultivar tabaco. Y al 12 de octubre también se le puede llamar “Día de la Raza”.
Esta es la Costa Rica vigente en leyes viejas e inútiles que se amontonan en los armarios de la legalidad costarricense, igual que un anciano solitario colecciona objetos porque sí.
El diagnóstico está hecho. La legalidad costarricense (casi 18.000 leyes) se ha desarrollado de manera tan ordenada como las ciudades. Normas obsoletas e imprácticas se acumulan en los rincones del Congreso y, ahora sí, al fin, alguien decidió emprender esa dura tarea de seleccionar y desechar, seleccionar y desechar, seleccionar y desechar.
La solución es presentar un proyecto de ley más.
Un grupo de 196 leyes (por ahora) están encaminadas a descansar en paz, si avanza el plan presentado por la diputada socialcristiana Gloria Bejarano, que ya tiene el apoyo de la mayoría de legisladores.
Este es el resultado parcial de un trabajo hecho en los últimos dos años por funcionarios del Congreso en una comisión en la que participan el Colegio de Abogados, la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional de Legislación Vigente (Sinalevi).
“Las normas se emiten para un momento y un espacio determinados, con ciertas circunstancias históricas. Cuando eso cambia, lo lógico es que esas leyes caduquen. Es una labor necesaria del legislador hacer esa depuración para que haya certeza jurídica. Eso no ocurre en este momento”, dijo José Francisco Salas, director de Sinalevi.
La derogación de una ley debe ejecutarse mediante un acto legislativo, no por rebote de nuevas leyes, por desuso o por la muerte de un beneficiario, como el tesorero de la Universidad Santo Tomás, al que fijaron salario con una ley de 1836. También ocurre con la muerte de Manuela Santamaría, mamá del héroe que quemó el mesón en Rivas en 1856, según la historia oficial.
Bejarano advirtió de que el trabajo de análisis de leyes vigentes continuará mediante la clasificación por temas para después comparar las reglas y ver cuáles son del todo inútiles. “Esto que vemos hoy es solo la punta del iceberg”, ilustró. Los especialistas reportaron ayer que en la historia del país se han derogado 1.099 leyes, de las 19.129 aprobadas desde 1824 (aunque en principio no se distinguía entre leyes o decretos).
El Ejecutivo ha vetado 366 y la Sala Constitucional ha tumbado 10. Pero la guerra contra el Imperio alemán, en cualquier momento, aunque sea sin ejército.