Que tenga un perfil similar al de los magistrados: con inmunidad, igual salario y algunas facilidades como pasaporte diplomático y uso de vehículo discrecional.
Esas condiciones podrían ser dadas constitucionalmente al fiscal general de la República y al fiscal general adjunto (figura que hoy no existe), si se aprobara una reforma a la Carta Magna que elabora y promueve la propia Corte.
La Comisión encargada de redactar dicho proyecto planteó que esos dos funcionarios “gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
El plan fue enviado al actual fiscal general, Jorge Chavarría, quien, aunque hizo observaciones y propuso cambios al proyecto, no planteó ninguna objeción sobre el tema de los beneficios y prerrogativas.
Ayer, 18 magistrados que conformaron la Corte Plena votaron sobre la iniciativa para variar la Constitución Política.
La discusión se extendió cuando llegaron al artículo 167 tercero, el cual hacía referencia a la inmunidad y la prerrogativas. Algunos jueces consideraron que no se debía otorgar esas condiciones al fiscal general; otros, plantearon que no era adecuado hacerlo en la Carta Magna y varios, en cambio, apoyaron la idea.
Estos últimos, la mayoría (11), votaron a favor de conceder los privilegios.
Actualmente, el salario básico del fiscal general es de ¢1.815.400 y el de un magistrado ¢2.226.200.
Puntos en debate. La actual legislación reviste de inmunidad a los miembros de los supremos poderes cuando son objeto de una acusación; es decir, que la Asamblea Legislativa debe decidir si acepta o no que se procese.
Ayer, la mayoría de magistrados no mostró resistencia para buscar que el fiscal general también goce de ese beneficio.
La disputa surgió cuando el magistrado de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla, pidió que se aclarase cuáles eran las prerrogativas de las que se hacía referencia.
“ El salario, por ejemplo, tendría que verse en un ámbito gerencial, porque hay otros funcionarios que también tienen importantes responsabilidades”, expresó el juez.
Su criterio fue secundado por la magistrada de la misma Sala, Magda Pereira. “Introducir una referencia (sobre el salario) en la Constitución Política me parece inconveniente”, puntualizó
Ante ello, el magistrado José Manuel Arroyo, miembro también de la Sala III y de la Comisión que elaboró el plan, explicó que la idea era fortalecer la figura del fiscal, “aunque la palabra prerrogativa es polémica”, señaló.
Por el contrario, los magistrados de la Sala IV, Fernando Castillo y Ernesto Jinesta, dijeron que esos términos eran propios del lenguaje usado en la Constitución y apoyaron establecerlos.
El jerarca del Ministerio Público indicó que le parecía adecuado que se otorgaran esas condiciones. “Hemos tenido dificultades por la falta de esas prerrogativas, que no son extraordinarias, son facilidades”, manifestó Chavarría, quien destacó la importancia de contar con un pasaporte diplomático.
Al finalizar la sesión, Chavarría expresó ante la prensa que esos temas eran vitales para la función del fiscal general, pero que podrían discutirse fuera del ámbito constitucional.