Pasado un año desde la apertura del mercado, los operadores privados de telefonía móvil reclaman las deficiencias subsistentes en materia de interconexión. Sin la interconexión completa ni la portabilidad numérica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) conserva una ventaja desmedida, contraria a la igualdad de condiciones esperada por los operadores privados.
La portabilidad permite al usuario cambiar de operador y conservar el mismo número de teléfono. En ausencia de esa posibilidad, los abonados están cautivos, pues la contratación de otro operador implica encarar las complicaciones propias de un cambio de número, en el mundo de hoy, algo así como cambiar de identidad.
La portabilidad, dice Maryleana Méndez, del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), es un derecho del usuario. Es fácil comprender por qué, pero hasta ahora las instituciones encargadas de implementarlo han dispuesto de él libremente, como si les perteneciera.
El ICE asegura estar en espera de la culminación de los trámites de la Sutel, donde todavía no concluye el proceso de selección de la empresa encargada de administrar la portabilidad.
La escogencia se hizo con oposición del ICE, pero falta la publicación en el diario oficial La Gaceta. Cumplido ese paso, habrá que esperar la reacción del proveedor estatal para saber si invocará nuevas objeciones.
Las deficiencias de la interconexión, por otra parte, convierten al ICE en la única empresa capaz de garantizar el acceso a números especiales, el servicio de desvío de llamadas y los números cortos, como el de emergencias. Esas posibilidades también deben ser entendidas como un derecho de los usuarios, pero, en la práctica, los abonados de los operadores privados son víctimas de injustificada discriminación.
La Sutel, pasado el año desde la apertura, tiene una investigación abierta contra el ICE por el problema del desvío de llamadas y no ha concluido el estudio del enlace de redes o interconexión.
Los atrasos burocráticos prolongan la consolidación del tardado proceso de apertura, en buena parte dilatado por el ICE, que teme perder entre el 25% y el 30% de sus clientes cuando tengan la posibilidad de cambiar de operador sin perder el número.
La institución comenzó por atrasar la devolución de las frecuencias al Estado para que no pudieran ser adjudicadas. Luego, se atrincheró en una discusión con la Sutel sobre las tarifas de interconexión y otros aspectos de la apertura. Las agrias disputas entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la Sutel, así como el atraso de los carteles de licitación, contribuyeron a prolongar la espera, y cuando Claro y Telefónica se adjudicaron las frecuencias, varios de sus competidores se habían retirado bajo el impulso de la frustración y el desencanto, al punto de que una de las tres frecuencias disponibles quedó sin adjudicar.
Luego, los nuevos operadores enfrentaron la resistencia de varias municipalidades para instalar sus torres, y el asunto, todavía no resuelto en su totalidad, llegó hasta la Sala Constitucional. Apenas sorprenden, entonces, los obstáculos representados, a estas alturas, por la portabilidad y la interconexión.
Con todo, en los dos años transcurridos desde la decisión de impulsar definitivamente la apertura del mercado, la competencia ha rendido frutos. El ICE, preocupado por proteger un mercado hasta entonces cautivo, no se ha limitado a entorpecer la apertura. Emprendió, también, importantes programas de ampliación y mejora de los servicios.
En el plazo apuntado, la penetración de Internet móvil de banda ancha pasó de 0,76% a 20,42%, y Costa Rica se colocó en el primer lugar entre los países centroamericanos. El ICE, que se sabe competitivo en servicios de voz, invertirá para mejorar el trasiego de datos, donde los operadores privados plantean mayor competencia, así como en los servicios de pospago. Las señales de vitalidad son suficientes para acreditar los beneficios de la apertura, que, a pesar de ello, dista de estar completa.