San José (Redacción). Las personas que cometan delitos menores bajo los efectos de las drogas podrían optar por rehabilitarse en vez de ingresar a un centro penitenciario.
Hoy la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Control de Drogas (ICD) firmaron una carta de intenciones para comenzar un plan piloto que le otorgaría este beneficio a algunos de los casos que ingresen al Primer Circuito Judicial.
Según la magistrada Doris Arias, el perfil de atención requiere que se demuestre que la persona tiene problemas de adicción, que esté dispuesta a someterse a tratamiento y que no tenga antecedentes judiciales. Además, deben ser delitos con penas menores a tres años y el infractor debe reparar el daño causado.
“Todo lo que se refiera a sanciones alternativas tiene un componente de participación, la persona afectada tiene que estar de acuerdo”, explicó Arias.
Según la magistrada, no sería necesario llegar a un juicio para acogerse al beneficio, pues se puede convenir en flagrancia o en las etapas intermedias del proceso.
“Representa agilidad para la administración de la justicia. Ya no tenemos que esperar cuatro o cinco años para que la persona vaya a debate, sino que de forma inmediata se comienza a trabajar”, comentó.
Por ahora el Poder Judicial no cuenta con datos sobre la cantidad de delitos que se cometen bajo influencia de drogas.
El comisionado nacional antidrogas y proponente de la iniciativa, Mauricio Boraschi, explicó que este proyecto permitirá llevar un control estadístico.
“Hay mucho delito, sobre todo asociado a la propiedad, que hipotéticamente se puede vincular al consumo de drogas, sobre todo robos y hurtos”, estimó.
Boraschi considera que las grandes víctimas del narcotráfico son los adictos y por eso vio la necesidad de buscar un abordaje diferente a la criminalidad que permita una mejor reinserción social. “Como fiscal, uno sabe que la cárcel muchas veces es la consecuencia del delito, pero no es la solución”.
Las autoridades desconocen cuándo se podría ampliar el programa para todas las regiones del país. En estos primeros seis meses, se pretende medir los costos de operación y los resultados del proyecto.