La esposa y tres hijos menores de Johel Araya Ramírez demandaron por ¢2.000 millones al Estado y a 11 custodios de Adaptación Social debido a la tortura y asesinato del reo en el centro penal La Reforma, en Alajuela.
La acción civil la presentó ayer la abogada Carmen Amador Pereira, en representación de la familia, durante la audiencia preliminar que se realiza en los Tribunales de Alajuela y en la que se debe determinar si el caso, en que se imputa a 10 vigilantes el homicidio –uno fue sobreseído durante el proceso–, es elevado a juicio.
Amador fundamentó el reclamo en que Araya se encontraba preso en Máxima Seguridad de La Reforma, donde el Estado y los custodios eran los responsables de protegerlo, pero lo que “hicieron fue torturarlo durante 10 días hasta provocarle la muerte”.
Agregó que como prueba del argumento están un recurso de amparo que el propio Araya presentó ante la Sala IV, en el que denunció las agresiones, y el dictamen de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual confirma que la muerte del preso fue homicida.
Antecedente. Johel Araya apareció muerto el 22 de mayo del 2011 en una celda de Máxima Seguridad. Ese hecho se produjo luego de que el 11 de mayo de ese mismo año, Araya, junto con otros ocho presos, participó en un intento de fuga en que fallecieron dos privados de libertad y un policía penitenciario.
El 18 de agosto del 2011 fueron detenidos 11 custodios como sospechosos del homicidio de Araya.
Contra ellos, el Ministerio Público abrió una causa penal por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad, confirmó ayer Edwin Retana, fiscal adjunto de Alajuela.
Aunque la acción judicial al inicio fue contra 11 custodios de Adaptación Social, en el transcurso del proceso uno de los implicados fue favorecido con un sobreseimiento definitivo por falta de pruebas.
La oficina de prensa de la Corte dijo que los 10 imputados son de apellidos Fallas, Espinoza, Solano, Mora, Salazar, Castillo, Arguello, Chinchilla, Azofeifa y Méndez.
Carmen Amador aclaró que la demanda civil es contra los 11 pues consideran que el vigilante que fue sobreseído se desempeñaba como supervisor y, por lo tanto, la familia estima que tiene responsabilidad.
Otras gestiones. El abogado Jorge Ruiz González, quien también participa como querellante en el proceso pues representa a otros dos hijos mayores de Johel Araya, dijo que sus representados lo que quieren es que se haga justicia. “Posiblemente, después de que se termine el juicio penal procederemos a hacer un reclamo civil, pero en la vía contencioso-administrativa”, dijo Ruiz.
La audiencia preliminar continuará hoy a las 8 a. m., cuando la Fiscalía exponga la acusación. Luego serán los defensores quienes se refieran al tema.
Míriam Bedoya, defensora de un acusado, dijo que la audiencia seguirá la próxima semana.