Ayer el plenario legislativo aprobó, por unanimidad de los 46 diputados presentes, la interpretación auténtica de la ley para calcular los incentivos económicos para los médicos, con la esperanza de cerrar espacios para malos entendidos.
Los diputados se quitaron de encima la brasa sobre la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, que tenía a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en vilo, ante más de 2.000 demandas de médicos que reclaman ajustes en su retribución.
Los demandantes apuntaban que, en el cálculo para ese beneficio, se debían sumar ingresos por concepto de guardias y disponibilidades médicas.
Pero el nuevo plan, que establece una “interpretación auténtica” de la ley de incentivos, aclara que el cálculo de los beneficios económicos se debe hacer tomando en cuenta el salario base, pues “los rubros variables que se pagan por jornadas extraordinarias no forman parte del salario total ordinario”.
Con la aprobación del plan de ley, las autoridades de la Caja podrán ir a los tribunales de justicia o bien a la Sala Constitucional, señalando cuáles son los extremos de la norma vigente.
De perder los juicios, la Caja tendría que desembolsar cerca de ¢174.000 millones, lo que, a criterio de la presidenta de la entidad, Ileana Balmaceda, implicaría la quiebra de la institución.
Pero ayer llegó la aprobación final sin mucho discurso y, con ello, el aplauso de Balmaceda.
“Esta resolución es un sí fuerte y decidido al futuro de la Caja. Como pocas veces, hemos visto a todos los sectores, amalgamados en el seno de la Asamblea Legislativa, dar un paso al frente para proteger al Seguro Social”, dijo la jerarca.
Para el gerente administrativo de la Caja, Luis Fernando Campos, la aprobación permitirá ampliar criterios jurídicos para defender sus tesis.
“Hay que recordar que está pendiente la resolución de una acción de constitucionalidad contra la ley de incentivos médicos. Me parece que la aprobación del proyecto de ley allana más el camino para que la Sala resuelva la acción de inconstitucionalidad”, dijo Campos.
La votación generó la molestia de la Unión Médica Nacional (UMN). Iván Guerrero, secretario de Comunicación, dijo que la celeridad en la aprobación se debió a una “línea de Gobierno”.
“El alcance del proyecto lo único que afecta son las 2.000 demandas. Tendremos que evaluar las medidas que correspondan, cuando la señora presidenta lo firme, porque nos apegamos a la legalidad”, explicó Guerrero.
Al cierre de edición, en la sede de la UMN unos 500 médicos aún discutían qué acciones tomar.