La ley que prometía ordenar y mejorar la calidad de vida de quienes viven en precarios quedó enterrada esta semana en la Asamblea Legislativa, por inservible.
Mediante voto unánime, los legisladores acordaron que el texto tenía contradicciones entre sus artículos, era ineficaz y un “tropiezo” para el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
La Ley para Titulación de Precarios (Ley N.° 8680) nació en cuesta de Moras en el 2008, con el impulso del Movimiento Libertario; formó parte de la lista de leyes solo cuatro años y concluyó su ciclo derogada y sin dar frutos.
“Aprobamos el proyecto de ley del 2010, que promovió el diputado Jorge Méndez (Liberación Nacional) y que deroga esta normativa, puesto que la ley no hace falta y el Banhvi ha estado trabajando sin ella”, afirmó la diputada verdiblanca Julia Fonseca.
Para tomar la decisión, los legisladores consultaron el criterio técnico del Banhvi y del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), que coincidieron en la “inoperancia” del instrumento legal.
“Pretende segregar terrenos sin que exista una organización adecuada. Además, pide a las instituciones (propietarias de los lotes) que los entregaran con calles, aceras y eso no es competencia de ellas”, explicó el ministro de Vivienda, Guido Monge.
La Ley para Titulación de Precarios formó parte de la “agenda de desarrollo” que en el 2008 trataba los contenidos en forma paralela a la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
De acuerdo con el criterio de Vivienda, una de las incongruencias es que mientras obliga al Banhvi a realizar procesos de titulación administrativa, también lo responsabiliza de atender la delimitación de áreas públicas y regular la planificación y ordenación urbana.
“Es una ley fuera de contexto, que no es factible, porque usted no puede segregar un lote en un precario que no cuenta con calles ni aceras”, agregó el ministro Monge.
¿Y ahora?Los legisladores y las autoridades de Vivienda aseguran que en estos cuatro años la ley quedó congelada en el papel y que para la erradicación de precarios se emplean otros instrumentos, por lo que no implica cambios mayores.
“Existen disposiciones legales que regulan la segregación, construcción y entrega de los inmuebles. Esta es una ley que no se ocupa y que nunca se ha ocupado”, anotó Banhvi, en un texto firmado por el asesor legal Rodolfo Mora.
En sus orígenes, el texto sedujo con la idea de que permitiría que las personas que viven en precarios pudieran convertirse en propietarias, y con ello optar por bonos o acceder al sistema financiero.
Sin embargo, los resultados fueron nulos y la derogación solo espera la firma de la presidenta Laura Chinchilla, para su publicación en el diario oficial La Gaceta.
“Esta ley se deroga porque no cumplió para nada con los fines para los que se planteó, sino que más bien entorpece el proceso para garantizar vivienda digna para las familias que viven en la miseria”, manifestó el diputado del Frente Amplio José María Villalta.
Ante la derogación, el exdiputado libertario Carlos Gutiérrez enfatizó en que “tendría que analizar los criterios técnicos que sustentan la derogación de la ley que se aprobó en plenario”.
“La ley la manejamos con muy buenas intenciones. Nos preocupa el número de personas que viven en la informalidad; desconozco el problema que hubo”, concluyó el exdiputado Gutiérrez.