La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental pidió dos años de prisión contra dos empresarios piñeros acusados de contaminar ríos.
Asimismo, solicitó que se eliminen los cultivos de piña de las áreas de protección de varias quebradas y que se arranquen aquellos sembrados en pendientes.
Los imputados en este caso son el presidente y el administrador de la compañía Agroindustrial Tico Verde S. A., de apellidos Sancho y Aguilar, respectivamente, según confirmó el Ministerio Público.
El juicio contra ellos se realiza desde la semana pasada en el Tribunal Penal de Pococí, Limón.
La oficina de prensa del Ministerio Público comunicó que a los empresarios se les achacan los delitos de invasión de áreas de protección e infracción a la Ley de Conservación de Vida Silvestre.
Los hechos de esta causa ocurrieron entre el 2005 y el 2008, cuando, según la Fiscalía, “los imputados adquirieron una finca en La Perla de Guácimo y ordenaron la siembra de piña en áreas de protección de varias quebradas que fluyen en la finca, así como en sectores con pendiente de hasta el 40%”.
“Lo anterior provocó que los suelos se erosionaran hacia los cuerpos de agua y hacia las tuberías del acueducto rural de La Perla de Guácimo, lo que conllevó serios inconvenientes en las casas de habitación de los pobladores de la comunidad”, manifestó el fiscal Luis Gerardo Martínez.
En este proceso, el Ministerio Público presentó las conclusiones el 24 de enero, y hoy deberá hacerlo la defensa.
Por su parte, la Procuraduría General de la República solicitó a la empresa el pago de más de ¢68 millones por daño ambiental.