Sin hablar y urgidos por las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los diputados aprobaron ayer el proyecto de ley que aclara cómo se calculan los incentivos para los médicos.
Con la aprobación del proyecto en primer debate por 42 votos contra uno (solo Elibeth Venegas, del PLN, se opuso), el Poder Ejecutivo espera evitar una nueva crisis financiera en la Caja ante las 2.000 demandas presentadas por médicos de la institución.
Sumadas, implicarían un reclamo de ¢174.000 millones.
Al respecto, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda, afirma que de perderse las demandas, la institución enfrentaría una eventual quiebra.
Los demandantes reclaman que el cálculo de sus incentivos se realice tomando en cuenta los ingresos totales de los médicos, y alegan que este es un derecho adquirido con la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas.
El proyecto aprobado ayer le da una “interpretación auténtica” a la ley de incentivos, para que el cálculo de los beneficios económicos se haga tomando en cuenta el salario base pues “los rubros variables que se pagan por jornadas extraordinarias no forman parte del salario total ordinario”, dice el plan.
En vista de este panorama, los diputados hicieron ayer lo que pocas veces hacen: votar sin hablar.
Los discursos quedaron para el jueves, cuando esperan dar el segundo debate a este proyecto que nació en el propio Congreso, firmado por los socialcristianos Wálter Céspedes y Luis Alberto Rojas.
No todo está dicho. Sin embargo, en el Congreso son pocas las ocasiones en que se puede afirmar que la última palabra está dicha.
Una consulta a la Sala Constitucional podría frenar la votación en segundo debate por al menos un mes, hasta que los magistrados se pronuncien sobre la forma en que se discutió el plan.
Para que se haga la consulta, se necesitaría la firma de 10 diputados, y ya ayer el legislador Wálter Céspedes, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que el libertario Carlos Góngora andaba en busca de firmantes. Se intentó conversar con Góngora, pero no fue posible localizarlo por teléfono.
Y es que el proyecto no las tiene todas consigo pues legisladores como Luis Antonio Aiza (quien es médico) y Elibeth Venegas, de Liberación Nacional, están en contra.
A esto se suma la presión de los médicos, que afirman que no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo se les quita lo que ellos consideran un derecho adquirido.
Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional, dijo ayer que insistirán en que se consigan las firmas de los diputados para enviar el plan a consulta a la Sala Constitucional.
Además, recalcó que de aprobarse el proyecto, van a presentar una acción de inconstitucionalidad pues no cabe una interpretación auténtica contra una norma que ya ha sido revisada por la Sala.
Por ahora, lo único concreto es la aprobación en primer debate.