El próximo proceso electoral podría caer encima a los partidos políticos sin el principal mecanismo que han usado históricamente para obtener los millones de colones con qué pagar los gastos de las campañas políticas.
La Sala Constitucional tiene suspendida la posibilidad de las agrupaciones de emitir “bonos de la deuda política”, como se les conoce a los certificados de cesión de derechos de contribución estatal, contenidos en el Código Electoral vigente.
Esta situación se generó porque los magistrados dictaron el 14 de enero anterior medidas cautelares al acoger una acción de inconstitucionalidad en contra del actual Código Electoral.
De esta forma se expone a las agrupaciones a un colapso financiero, pues se quedarían sin liquidez para pagar los gastos electorales, salvo que la consigan mediante donaciones privadas o por adelantamiento de la deuda política (máximo el 15% del total dictado por ley, que es el 0,19% del PIB).
Por ejemplo, el Partido Liberación Nacional (PLN) logró mediante bonos para el 2010 más de ¢6.700 millones, frente a ¢559 millones de donaciones privadas, según reporte propio; el Partido Acción Ciudadana (PAC) captó casi ¢4.000 millones. Ahora para el proceso del 2014, esos montos podrían ser solo un dulce recuerdo.
La única posibilidad de que los partidos recuperen el derecho a emitir bonos (una especie de “pagarés”) depende de que la Sala Constitucional dé una rapidez extraordinaria al trámite de esa acción de inconstitucionalidad, presentada por el exdiputado Federico Malavassi (libertario) y Rodrigo Alberto Carazo (PAC), además del politólogo Gabriel Bonilla.
Lo usual es que las acciones de inconstitucionalidad tarden cerca de 18 meses para resolverse, lo que dificulta un solución antes de octubre, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convoque oficialmente los comicios del 2014.
En aprietos. “Hay un desafío monumental para los partidos, pero no se han dado cuenta de que podríamos ir hacia unas elecciones sin bonos (...). Con el adelanto del 15% alcanza para muy poco”, dijo el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado.
De hecho, algunos no estaban muy enterados. Es el caso del tesorero del PAC, Meynor Sterling. “Yo no lo conocía. Estaba fuera del país desde diciembre y hasta ahora me entero. Sí le digo que sería imposible (el financiamiento) para un montón de partidos. Habría un gran problema de liquidez”.
“En la campaña pasada por deuda adelantada lo que nos llegó fueron ¢228 millones; eso alcanza apenas para un mes”, ejemplificó el tesorero del PAC, donde las donaciones suelen ser “mínimas”.
Para el PLN, la principal fuerza política del país, la opción sería aprovechar su capacidad de captar donaciones privadas. “Sin financiamiento por estos certificados, me obligan a ponerme a la orden de alguien que pueda aportar el dinero de manera privada”, advirtió el tesorero, Álex Sibaja.
Añadió que, debido a la capacidad de los partidos pequeños de captar donaciones privadas, serían estos los más perjudicados si se suspenden de manera definitiva los bonos, a lo que calificó de “el mecanismo más transparente”. “Un partido con posibilidades de éxito siempre acabará consiguiendo el dinero”, aseguró.
Pese a ello, Sibaja dijo confiar en que los magistrados de la Sala IV sabrán entender la urgencia del tema y acelerarán la resolución del recurso. “Yo imagino que la Sala tendrá claro que el sistema colapsa si no hay una resolución”.
El TSE impulsa una reforma para triplicar el monto adelantado de dinero e incentivar a los donantes privados de pequeña escala. Se pretende eliminar la dependencia de los bonos, pues la utilidad de estos depende de las encuestas, lo cual genera inequidad, según la Sala.