El Gobierno iniciará en las próximas semanas, como parte de su estrategia de consolidación fiscal, un proceso de diálogo para alcanzar un acuerdo que permita consolidar las finanzas públicas y estabilizar la deuda pública antes del 2018. Este diálogo nacional será incluyente y transparente para lograr el compromiso de los diversos grupos y sectores con esta decisión nacional.
El Gobierno ha venido realizando esfuerzos muy importantes desde el 2010 para reducir el desbalance fiscal y establecer las bases para una mejor administración de los ingresos y los gastos. Por el lado de los ingresos, se ha intensificado la lucha contra la evasión al tiempo que la aprobación de leyes tributarias claves ha dotado de instrumentos a las administraciones tributaria y aduanera para mejorar el cobro. Además, el Gobierno ha firmado tratados de intercambio de información con otras países que facilitan el control tributario y se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que regula y transparenta el tratamiento tributario a los precios de transferencia y medidas de subcapitalización.
Por el lado del gasto, las mejoras en el proceso presupuestario y una política de contención de gasto han logrado reducir la tasa de crecimiento del gasto a un dígito, comparado con una tasa superior al 23% en el 2010. Además, se han tomado medidas que contribuyen al control del gasto en 2013, incluyendo una nueva directriz presidencial que congela el empleo público, viajes y otros gastos no prioritarios, y la colocación de US $1.000 millones en “eurobonos” a 10 años a una tasa de 4,25%, la más baja que Costa Rica ha logrado en el mercado internacional y que ha permitido reducir la tasa de interés que paga el Gobierno sobre deuda doméstica en forma sustancial.
Sin embargo, el país requiere todavía de un esfuerzo adicional sustancial para llevar el déficit fiscal, actualmente superior al 4% del PIB, a niveles sostenibles en el mediano y largo plazo. Para ello, se requiere de una consolidación fiscal de aproximadamente 2,5% del PIB durante el período 2014-2018, que incluya esfuerzos tanto del lado de los ingresos como del lado del gasto.
Un elemento clave en la estrategia de consolidación fiscal que se ha fijado el Gobierno, es enfrentar los retos estructurales en gasto y financiamiento. El Gobierno ya está discutiendo cómo mejorar el sistema de compensación a los empleados públicos para que sea más equitativo y eficiente, optimizar la gestión de recursos en todo el aparato estatal y contener el crecimiento de la planilla. Mediante el acceso al mercado internacional y extendiendo los plazos de nueva deuda en el mercado doméstico, el Gobierno está mejorando su manejo de liquidez y el perfil de su deuda.
El proceso de diálogo nacional sobre la consolidación fiscal tendrá tres etapas. El punto de partida serán gran parte de los cambios en materia tributaria sobre los que el país ya alcanzó un acuerdo tácito en el proceso de discusión anterior y que deberá complementarse con iniciativas adicionales que surjan del intercambio entre grupos de pensamiento, sectores sociales, medios de comunicación y partidos políticos. Esta etapa concluirá antes de junio 2013 con la publicación de una propuesta que servirá como base para la discusión nacional en la segunda etapa. El documento incluirá acciones de política para reducir el gasto estructural y mejorar la lucha contra la evasión y el fraude, y una reforma impositiva.
Durante la segunda etapa, el Gobierno continuará, profundizará y documentará el diálogo nacional con sectores de la sociedad para refinar una propuesta nacional. En esta fase, la participación de los candidatos presidenciales de los principales partidos políticos deberá intensificarse, alcanzando acuerdos concretos para su discusión legislativa.
Una vez que se llegue a un consenso sobre la propuesta fiscal, se diseñará la estrategia política para expresar lo acordado en uno o varios proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa, con miras de aprobar el (los) proyecto(s) de ley en el Parlamento antes de que el nuevo Gobierno tome posesión en mayo del 2014.
Garantizar la solvencia del Estado es un tema de interés nacional, que va más allá de un Gobierno en particular. Discutir y consensuar una estrategia para resolver el desbalance fiscal actual no debería postergarse y el proceso electoral 2013-2014 presenta una oportunidad propicia para que el Gobierno, los partidos políticos, los diputados y todos los costarricenses busquemos una solución comprensiva y balanceada.