Una de las decisiones más complejas que una presidenta de la República debe tomar en el desempeño de sus funciones, es la forma cómo debe materializarse la defensa del territorio y de la soberanía de nuestro país.
Un camino diferente. La mayoría de los Estados ha elegido defenderse conformando costosos aparatos militares y declarando la guerra a sus agresores. Costa Rica es una de las pocas excepciones en el mundo que ha decidido tomar un camino diferente. Los costarricenses decidimos, hace más de sesenta años, que nuestro modelo de sociedad es incompatible con los aparatos castrenses y las gestas militares.
En su lugar, depositamos nuestra confianza en la diplomacia y en los instrumentos del derecho internacional que dan lugar a instituciones multilaterales, como la OEA y la ONU. Sin embargo, la historia de continuas agresiones provenientes del vecino del norte que ha vivido nuestro país llegaron a confirmar que los instrumentos del derecho internacional no eran suficientes y que, para garantizar la seguridad y defensa nacional, debían ser acompañados de acciones que nosotros mismos debíamos promover en nuestro interior.
Acciones repudiables. Las sorpresivas y repudiables acciones de ocupación militar de las que fuimos objeto en isla Portillos y los hechos que se han sucedido con posterioridad, nos hacen ver que los tiempos han cambiado. Por más que recurramos al derecho internacional, quienes han puesto en práctica una política de expansión territorial agresiva, continuarán acechando a nuestro país e irrespetando los dictados de los tribunales internacionales.
Muchos parecen haber olvidado que la invasión a Isla Portillos no ha sido un hecho aislado. Esta fue seguida por declaraciones del país invasor exigiendo libre navegación en el río Colorado y por un anuncio público de que la provincia de Guanacaste no le pertenece a Costa Rica. Declaraciones como estas simplemente no se pueden ignorar. Además, se ha documentado de manera reiterada la violación a las medidas cautelares que a favor de nuestro país dictó la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Nuestro territorio, sigue simplemente siendo invadido!
Mejores condiciones de vida. Por ello, sin renunciar a nuestra vocación de paz, pero sabedora de la falta de contundencia del derecho internacional para proteger nuestra soberanía, decidí como gobernante impulsar acciones materiales en nuestro territorio para proteger la vida y la propiedad de nuestros conciudadanos, y para impedir que se avasallara aún más nuestra soberanía. Impulsamos así la realización de obras civiles como la construcción de la Ruta 1856, la instalación de mayores dispositivos de seguridad y la electrificación de diversas comunidades del cordón fronterizo norte del país.
Todas esas obras hicieron posible a nuestros policías, médicos y cuerpos de rescate, acceder a zonas y poblaciones hasta entonces vulnerables a actos provocados desde el exterior y a embates de la propia naturaleza.
Estas obras permitieron, además, mejores condiciones de vida a los pobladores de la zona.
Estoy convencida de que el tiempo irá reivindicando las razones que nos llevaron a construir el camino fronterizo como una obra de infraestructura civil vital para la protección del país.
Seguirán los intentos por impedirnos navegar el río San Juan, por penetrar por cualquier medio nuestro río Colorado, o por tomar posesión de otros territorios fronterizos como lo constituye el condominio que Costa Rica tiene sobre la bahía de San Juan del Norte.
Contra la corrupción. Soy la primera en estar consciente de que los hechos de corrupción que empañaron la Ruta 1856 han afectado la confianza de muchos costarricenses sobre los esfuerzos que el país ha realizado. El mismo Gobierno los denunció, los repudia y confía en que la justicia los sancione. Pero no podemos permitir que estos hechos den espacio a quienes nos adversan para descalificar una obra civil que es la única capaz de proteger nuestra soberanía.
Continuaremos con las obras y no claudicaremos en las acciones que debemos conducir para asegurar la protección nacional. El camino fronterizo conduce a mucho más de lo que algunos estiman. Su objeto no solo es comunicar poblaciones y puntos geográficos a lo largo del territorio nacional; es, además, un símbolo de resistencia pacífica a las amenazas externas, es un acto de reafirmación de la soberanía nacional en su territorio, y es una obra civil estratégica para el desplazamiento de nuestros policías y cuerpos de emergencia, si algún día tuviéramos que acudir de nuevo a defender la patria.
Concurso nacional. Este no es un esfuerzo que atañe tan solo a un Gobierno o a una presidenta, sino que requiere del concurso de todos los costarricenses. Por eso debemos valorar, con objetividad y con sentido histórico, el verdadero destino al que conduce la Ruta 1856: la protección de la soberanía de Costa Rica.