La Caja Costarricense de Seguro Social se asoma, una vez más, al precipicio financiero. Como en otras ocasiones, llega al borde del abismo empujada por la más irresponsable repartición de privilegios laborales, en esta oportunidad a los médicos.
El sistema de compensación salarial aplicado a esos profesionales ha sido objeto de debate por su vinculación con los aumentos decretados para los funcionarios del Gobierno central. Las alzas automáticas de que gozan los galenos inciden sobre los aumentos decretados para los demás funcionarios del Estado, pues el Gobierno debe considerar el efecto de los ajustes sobre los salarios de los médicos, capaces de disparar los gastos de la Caja en proporciones críticas. Ahora sabemos que la situación podía ser peor.
Los tribunales comienzan a dar la razón a médicos que reclaman un error en el método aplicado desde 1982 para calcular sus polémicos incentivos. Las primeras 350 resoluciones –ayer la Caja rectificó el dato inicial que dio de que eran 30– condenan al pago de ¢3.700 millones y hay otras 2.279 demandas en trámite (ayer la entidad también revisó el dato dado a este diario). Las indemnizaciones individuales ascienden, con las nuevas cifras, a unos ¢10,5 millones por cada médico, y el costo total podría alcanzar la descomunal cifra de ¢174.000 millones. Es el 2% del valor de todos los bienes y servicios producidos en Costa Rica durante un año y el 10% del presupuesto total de la Caja en el 2013.
Según la presidenta ejecutiva, Ileana Balmaceda, el pago de los reclamos “es como ponerle un candado a la institución”. El símil es, apenas, un poquito exagerado. El freno a la inversión, el cierre de servicios y la disminución de su calidad serían consecuencias inevitables, con grave daño para los asegurados.
La tesonera labor de la presidenta ejecutiva para sacar a la institución de su grave crisis financiera, identificada por la Organización Panamericana de la Salud sin sospechar siquiera la amenaza de este conjunto de demandas laborales, sufriría un dramático retroceso.
Los incentivos concedidos a los médicos eran criticados por abusivos, aun cuando los profesionales aceptaban pacíficamente el método de cálculo aplicado por la Caja. Según la interpretación de la ley hecha por la institución, el pago de guardias, horas extras y disponibilidad no debía ser tomado en cuenta para calcular el salario total de los profesionales. En consecuencia, los incentivos pagados a los médicos se estimaban exclusivamente a partir del salario base. Esa fue la práctica durante las dos décadas de vigencia de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, aprobada en 1982.
Ahora, los abogados identificaron la oportunidad de argumentar contra el método de cálculo y reclamar las sumas no pagadas. Hicieron correr la noticia por correos electrónicos, mensajes de texto y visitas a los hospitales y clínicas. Así consiguieron a más de 2.000 demandantes que, de pronto, estuvieron dispuestos a reclamar indignados unos pagos millonarios por los cuales no se habían preocupado antes. Desde luego, los honorarios de abogado también serán cuantiosos.
El golpe a una institución esencial para la salud y la paz social de los costarricenses es desproporcionado. Para evitarlo, la presidenta ejecutiva insta al Gobierno a convocar en sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto de ley de interpretación auténtica que respaldaría el procedimiento de cálculo seguido por la Caja.
La petición debe ser acogida sin dilación, en especial ahora que importantes y diversos sectores han tomado conciencia del peso de los privilegios concedidos a los médicos y el efecto devastador de su ampliación por vía de la interpretación judicial. La comisión legislativa integrada con representantes de diversos partidos políticos para estudiar la crisis de la Caja rindió dictamen unánime a favor de la iniciativa. Semejante acuerdo no es frecuente.
El proyecto es obra de los diputados opositores Luis Alberto Rojas y Wálter Céspedes, ambos socialcristianos. La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), por boca de su secretario general, Albino Vargas, se ha manifestado a favor de una reforma a la ley de incentivos, y la Caja clama por el cambio para evitar la crisis. El Gobierno debe aprovechar esa unión de voluntades para impulsar las medidas más urgentes y para replantear el esquema de incentivos, desvinculándolos de los aumentos salariales en el resto del sector público.