Una acción de inconstitucionalidad, interpuesta el 22 de marzo del año pasado, tiene detenidas las sentencias de más de 2.000 demandas que presentaron los médicos contra la Caja, exigiendo el pago retroactivo de incentivos.
La institución ya erogó ¢3.700 millones por 350 demandas resueltas en su contra. Aunque los desembolsos cesaron desde que la acción fue acogida por la Sala IV –el año pasado–, los juicios continúan en trámite.
El texto lo redactaron, en conjunto, una secretaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una amiga de ella (externa a la entidad) y un abogado.
“Esa ley de incentivos es inconstitucional y desproporcionada. Actuamos a partir de las demandas que los jueces declararon con lugar, eso fue lo que desencadenó más y más demandas en busca de la misma ventaja injusta”, dijo Ligia Fallas, secretaria de la Caja desde hace 25 años.
Fallas manifestó que les preocupó, sobre todo, los efectos de los “altísimos” porcentajes que paga la institución por sobresueldos “injustificados”.
En eso coincidió Sergio Jiménez, abogado externo a la entidad (“pero asegurado”), quien planteó la acción para cuidar el equilibrio económico de la CCSS y, además, para no ver “sufrir” al régimen de atención en salud.
“La normativa da pie para que se viole el principio de igualdad. Los médicos obligaron al Gobierno, hace 30 años, a hacerles un reconocimiento salarial distinto al resto de profesionales, y nadie nunca calculó lo que significaría esa carga. Con los años, esto se volvió insostenible”, afirmó.
Los redactores del texto coincidieron en que la subsistencia de la Caja está en peligro y la única salida es que la Sala IV, con base en principios fundamentales de la Constitución, declare inconstitucional la normativa.
Por su parte, Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la Caja, mostró su apoyo a la acción mediante una coadyuvancia del 19 de abril. Otras asociaciones le siguieron los pasos.
La acción de inconstitucionalidad se halla en estudio.