La trágica explosión de un cilindro de gas en Alajuela, con saldo de tres muertos y cinco heridos, centró la atención del país sobre una realidad asombrosa: los estándares de seguridad aplicados al comercio de ese combustible están fijados en un reglamento centroamericano, superado por el tiempo y limitado a un mínimo de garantías.
La tragedia también develó la resistencia de las empresas comercializadoras frente a las peticiones de información planteadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para supervisar las condiciones de seguridad. Siete meses de discusión y recursos legales habían transcurrido sin fruto cuando el cilindro estalló en Alajuela y conmovió al país.
Las empresas alegan afectación de su competitividad si revelan la información solicitada por el Minae, pero el argumento es débil frente a los supremos valores en juego. Ahora, con el dolor de lo sucedido aún presente, el Ministerio les concedió 30 días de plazo para rendir los informes y advirtió sobre la posibilidad de cancelar la concesión a quien incumpla.
A raíz de la tragedia, supimos, además, que las válvulas utilizadas en los cilindros nacionales no son las más seguras y modernas. El Cuerpo de Bomberos tiene años de recomendar el cambio del sistema de acople por el de llave de rosca. La Asociación de Consumidores de Costa Rica, frustrada por el fracaso de un reglamento prometido por el Minae en el 2010, presentó un proyecto de ley en ese sentido.
Al impulso de los sucesos de Alajuela, el Gobierno convocará el proyecto de ley a sesiones extraordinarias, mientras el Minae ajustará los reglamentos para exigir el reemplazo de las válvulas. El cambio en la normativa se completará en 30 días y las empresas tendrán un año para hacer el cambio. Además, se verán obligadas a retirar del mercado los cilindros con más de diez años de uso.
La desgracia también llamó la atención sobre el incremento en el uso del gas y la existencia de 16 envasadoras, 475.000 usuarios y un millón de cilindros en el mercado nacional. Los números, por sí mismos, habrían llamado a la prudencia antes de lo ocurrido en Alajuela, sobre todo cuando se considera el vertiginoso aumento en la cantidad de emergencias atendidas por el Cuerpo de Bomberos.
A cada paso, el Gobierno reaccionó correctamente. Ese es el problema. Las autoridades conocían la necesidad de reformar los reglamentos, abandonar la deficiente normativa centroamericana, inspeccionar la labor de las empresas, exigirles satisfacer las peticiones de información so pena de cancelar concesiones, renovar los cilindros y cambiar las válvulas, pero nada de eso se hizo hasta el momento de la tragedia.
El ministro de Ambiente y Energía, René Castro, reconoce la “pasividad” del Estado frente a las crecientes necesidades de un mercado en rápida expansión. Lamenta contar con los mismos reglamentos y personal de hace 20 años para afrontar una situación mucho más compleja.
Las limitaciones de personal son una razón atendible, pero la puesta al día de los reglamentos pudo haberse hecho antes, como lo demuestra el perentorio plazo de 30 días fijado por el ministro para completar los ajustes ahora que sucedió la tragedia. Tampoco depende del tamaño de la planilla la decisión de exigir a las empresas la información necesaria, de una vez por todas, bajo severa advertencia de perder la concesión.
La admitida pasividad del Estado en esta materia debe llamar a la reflexión sobre la posible existencia de otras actividades necesitadas de atención. El Minae viene enfrentando con éxito a los transportistas de combustibles cuyos camiones cisterna plantean riesgos para la seguridad. Es indispensable revisar si acciones igualmente vigorosas son necesarias en otros casos para prevenir en lugar de reaccionar, no importa cuán acertadas sean las reacciones.