Ya se cumplieron dos años desde que se fue, pero todavía recuerda cuánto costó que se fuera.
El proceso de desahucio para aquel mal pagador fue una agonía, pero, al final, Laura Quirós, de 62 años, ganó el juicio y pudo recuperar la casa que tiene en alquiler y con la que redondea sus ingresos.
Algo incómoda por la gripe que le hace arrastrar las palabras, esta vecina de Escazú dice que ve con buenos ojos el proyecto de ley que pretende acortar los juicios civiles por desahucio, el cual se tramita en el Congreso, y pregunta de qué se trata, en detalle.
El proyecto, que tiene el expediente 17527, pretende reformar la manera en que se tramitan los desalojos por falta de pago de alquileres, tanto de casas como de locales comerciales.
La propuesta, que está en el primer lugar de discusión del plenario legislativo, plantea que los juicios por desahucio sean orales y que se puedan tramitar en un máximo de tres meses.
Además, permite al juez decretar desahucios una vez puesta la demanda. Pero, si al ser notificado el inquilino pone una objeción, el juez podrá citar a las partes en un máximo de 15 días para que en audiencia se resuelva el proceso.
Esta audiencia permitirá a la defensa apelar; sin embargo, el proceso no tardaría más de tres meses, de acuerdo con los plazos propuestos.
Actualmente, estos procesos tardan hasta tres años y, según el texto y sus promotores, generan un perjuicio para los dueños de casas, apartamentos y locales comerciales.
Para Quirós, el proyecto de ley vendría a aliviar la tensión que vive cada día pues de un momento a otro cualquier inquilino se puede hacer el gato bravo y no pagar, y ella no lo podrá sacar hasta que quede en firme una condena.
“Yo creo que a todos los que alquilamos nos pasa (que llegue un inquilino y no les pague), cuesta muchísimo sacarlos. No van a salir por propia voluntad. Hay que pagar un abogado que cuesta carísimo, y aun así, estos inquilinos se quedan un montón de meses y no pagan y cuando se van quedan debiendo”, agrega esta profesora de Matemáticas, pensionada.
Amplio alcance. El proyecto para agilizar los procesos de desahucio nació como una iniciativa del Poder Ejecutivo, respaldada por el Poder Judicial y llegó al Congreso en el 2008.
De aprobarse, beneficiaría a los dueños de las 244.000 viviendas de alquiler que hay en el país, según la última encuesta del Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC).
En ese número de viviendas viven 802.000 personas, de acuerdo con el mismo estudio.
Por ello, las posiciones de los diputados y el debate en sí mismo tienen un tinte especial, en vista de que la afectación a la ciudadanía (y por ende al electorado) es grande en ambos sentidos.
El número supera por mucho a los 491.000 ciudadanos que actualmente pagan un préstamo con la esperanza de que en algún momento de su vida puedan decir que la casa es propia.
La iniciativa cuenta, por ahora, con amplio apoyo en las curules legislativas, sobre todo de un sector del Movimiento Libertario y de Liberación Nacional.
Las dudas las tiene principalmente el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, que considera la propuesta “un desahucio exprés, casi que automático”.
Otros legisladores, como el libertario Danilo Cubero, afirman que el plan es urgente.