El fantasma de la crisis se asoma de nuevo en los pasillos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), esta vez con un alto riesgo de la que a la entidad se le deba poner el “candado”, reconoció ayer su presidenta ejecutiva, Ileana Balmaceda Arias.
La amenaza surge ahora por los casi 2.000 juicios laborales que interpuso una parte de su personal médico, el cual demanda –según cálculos de la propia Caja– indemnizaciones por ¢174.000 millones por no haber recibido completo el pago de incentivos que les garantiza una ley del año 1982.
Dicho monto representa cerca del 2% del producto interno bruto (PIB) del país o bien, el 10% del presupuesto de este año para todo el Seguro de Salud.
El panorama financiero de la entidad es complejo, pues de esos casi 2.000 juicios en trámite, 30 ya se resolvieron en su contra, provocando la erogación de ¢3.700 millones, dijo el gerente administrativo, Luis Fernando Campos.
Solo para resarcir esos 30 casos, la Caja debió pagar cerca de ¢123 millones a cada médico. Todavía falta conocer el resultado de las otras 1.928 causas.
Lectura. La disputa judicial gira en torno a cómo se debe calcular el pago del incentivo por carrera hospitalaria.
De acuerdo con la CCSS, esa estimación debe hacerse tomando en cuenta solo el salario base.
Para los doctores –que están acuerpados por la Unión Médica Nacional (UMN)– ese cálculo debe contemplar lo devengado por guardias y disponibilidades médicas (salario extraordinario).
El problema de fondo surge por la redacción de los artículos 5 y 13 de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas.
Tal normativa fue promulgada el 22 de diciembre de 1982, durante la presidencia de Luis Alberto Monge, y fue el resultado de las negociaciones entre los sindicatos y el Gobierno, luego de una huelga médica nacional que duró 42 días, la más extensa en la historia del país.
Alternativas. El caso de los incentivos no es nuevo para la Caja, pues tanto el gerente Campos como Balmaceda afirmaron que desde el año pasado presentaron un proyecto de ley para que se haga una “interpretación auténtica” de los artículos 5 y 13 de la ley de incentivos.
A finales del año pasado, la Junta Directiva conoció el informe –del cual tiene copia La Nación– que revela el apuro en que entraría la entidad si en el corto plazo debe desprenderse de ¢174.000 millones.
Tan urgente es la aprobación del proyecto de ley, que Balmaceda no descarta pedirle a la presidenta Laura Chinchilla que lo convoque para las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
Ayer, se intentó obtener el criterio del ministro de la Presidencia y enlace del Gobierno con el Congreso, Carlos Ricardo Benavides, pero no se le pudo localizar.
Señalamientos. Pese a la iniciativa de buscar una “interpretación auténtica” sobre la ley de incentivos, Balmaceda sostuvo ayer que la CCSS no ha errado en la aplicación de los dos artículos de la discordia, pues –según dijo– la Procuraduría General de la República emitió un criterio al respecto.
Con respecto a las primeras 30 demandas perdidas, la jerarca alegó que el resultado se debió exclusivamente a la interpretación que hacen los jueces.
En la acera contraria, Carlos Abarca, director jurídico de la UMN, expresó ayer que todo se debe a la mala “praxis administrativa” que ha aquejado a la Caja.
La disputa en sede judicial se conoció horas después de que la UMN rechazara que la ley de incentivos les dé beneficios por los aumentos que decreta el Gobierno. El artículo 12 de esa norma así lo establece.
Por su parte, Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), advirtió ayer de que si estos temas no son atendidos “parece que definitivamente la Caja va rumbo a la quiebra”.