Funcionarios de 17 municipalidades tuvieron la tarea de realizar, durante el 2012, los avalúos de propiedades cuyos dueños evadieron la obligación de actualizar el valor de sus inmuebles, o bien, lo hicieron con datos falsos.
Así consta en las estadísticas que lleva el Órgano de Normalización Técnica (ONT), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, cuya labor consiste en asesorar a los ayuntamientos del país en el cobro del impuesto sobre bienes inmuebles. Para esto utiliza información provista por la Contraloría General de la República (CGR).
Los avalúos (o valoraciones) son la medida extrema que toman los gobiernos locales luego de tratar de persuadir a sus contribuyentes para que cumplan con la obligación de actualizar estos datos por lo menos cada cinco años.
Este valor se usa como referencia para cobrar el impuesto a los inmuebles. Según la Ley N.° 7509, que describe al impuesto, la obligación de declarar recae en los propietarios, pero la municipalidad tiene la potestad de otorgar un valor si el dueño no lo hace.
Sin regularizar. Las municipalidades advierten de que su principal problema lo representan los contribuyentes con propiedades grandes que no se acercan a declarar o actualizar sus valores y que así evitan “regularizar” su estatus.
“Generalmente, la declaración la presentan contribuyentes que pueden solicitar la ‘no afectación’ (exoneración). Los grandes propietarios no se acercan”, manifestó Iván Wong, coordinador de la Administración Tributaria en la Municipalidad de Desamparados.
Con esta posición coincide Alina Álvarez, coordinadora de la Administración Tributaria de Grecia, en Alajuela. “Es un proceso muy caro y todas las municipalidades tenemos limitaciones de recursos”, argumentó.
Álvarez comentó que el costo mínimo de un avalúo puede rondar los ¢30.000, por lo que dan prioridad a las propiedades grandes, para lograr una mayor recaudación.
La ley exonera a los dueños de bienes inmuebles que solo tienen una propiedad y cuyo valor es inferior a 45 salarios base (para este año ¢17 millones).
En la actualidad, el impuesto recauda ¢2.500 por cada millón que el valor de la propiedad exceda del monto exento.
Edwin Hernández, jefe de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de San José, indicó que entre las personas que omiten la declaración hay dueños de viviendas, lotes, bodegas y comercios. “Se han hecho avalúos en todos los distritos”, afirmó el funcionario.
En Santa Cruz, Guanacaste, han detectado casos de extranjeros que olvidan pagar el impuesto, o que desconocen la obligación, según relató Jorge Chavarría, alcalde de esta municipalidad.
Las personas que omiten la declaración del impuesto sobre bienes inmuebles también se exponen a una multa de la municipalidad por un monto igual a la diferencia dejada de pagar.