El pasado miércoles 23 de enero, se aprobó en el Parlamento de Cataluña la resolución que declara al pueblo catalán como “sujeto jurídico y político soberano”. La votación contó con 85 votos a favor (CiU, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Iniciativa y un diputado de la CUP), 41 en contra (PSC, Partido Popular, Ciutadans) y dos abstenciones (CUP).
La proclamación. Dicha consulta marca el camino en el cual los independentistas (liderados por Artur Mas) buscarán todos los marcos legales existentes para lograr aprobar un referéndum en el 2014 que determine el encaje de Cataluña en España, lo cual es muy difícil de aprobar debido a una serie de circunstancias, las cuales mencionaré más adelante. A su vez, la proclamación subraya que se buscará el diálogo con el Estado español, las instituciones europeas y la comunidad internacional.
Es importante aclarar que la resolución es una declaración totalmente independentista. La resolución, más que ser una hoja de ruta para el derecho a decidir, es “un camino a la independencia que elimina el mismísimo derecho a decidir”, como menciona el presidente del Partido Socialista Catalán (PSC), que contempla la independencia como su objetivo principal, en vez de incentivar un referéndum pluralista y democrático.
¿Qué es lo que sigue?Las potestades dadas por la Constitución Española le impiden al Parlamento Catalán declarar un referéndum en su comunidad autónoma, pero sí le permiten aprobar una resolución que tenga carácter “jurídico”, lo cual seguramente se aprobará en los próximos meses, al igual que la hoja de ruta a seguir.
Esto le permitiría llevar el “derecho a decidir “al Senado de España, lo cual sería una opción catastrófica para los intereses de Artur Mas (dado que seguramente solo contaría con los votos a favor de los partidos independentistas). Ya que esta opción no es viable para los intereses catalanes, Artur Mas tratará de imponer a toda costa su “proyecto nacional”, buscando apoyos internacionales (nada fáciles de obtener en la Unión Europea) y, sobre todo, tratará de comparar el derecho a decidir catalán con el referéndum que habrá en el Reino Unido sobre el futuro de Escocia, el cual no tiene punto de comparación con el catalán.
El gobierno de Mariano Rajoy está teniendo un papel “silencioso” en todo este proceso, dado que el Gobierno catalán no ha tomado una decisión con efectos jurídicos reales. La estrategia del Gobierno central es esperar a que Artur Mas se equivoque, se deteriore su relación con ERC, y también con la de su propia coalición.
Hasta el momento, el Gobierno central ha “invitado” al catalán al diálogo, cuestión que no ha tenido éxito, dado que las relaciones del Estado con Cataluña están rotas desde el fracaso del pacto fiscal.
La razón por la cual el derecho a decidir va a fracasar tarde o temprano es muy simple: es inconstitucional.
La Constitución Española en su artículo 1 expone textualmente lo siguiente: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Dicho artículo, a mi entender, es totalmente aplicable, dado que una comunidad autónoma no puede imponer una medida (derecho a decidir) que afecta al resto de los españoles en su totalidad. Asimismo, el artículo 155 resume lo siguiente: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Por lo tanto, el derecho a decidir es totalmente ilegal en España, ya que va en contra de la Constitución y del Estado de derecho.