Juan Carlos Quesada Salas, el gerente del Banco Nacional en Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas, sospechoso de sustraer ¢378 millones, pasará los próximos tres meses en prisión preventiva.
La medida la dictó ayer a las 9:20 p. m. la jueza Mónica Salas, del Juzgado Penal de Hacienda, en Goicoechea.
La jueza acogió la solicitud del Ministerio Público de enviar a Quesada a la cárcel mientras se llevan a cabo gestiones de la investigación, en la que se le tiene como sospechoso de peculado.
Quesada fue detenido el jueves, cuando se presentó voluntariamente a la Fiscalía de Puntarenas. Él aseguró ante la prensa que sí sustrajo el dinero, pero que lo hizo luego de que cuatro sujetos lo amenazaran con hacerle daño a él y a su familia.
José Miguel Villalobos, abogado defensor del gerente, dijo que su representado reiteró su relato en la audiencia de solicitud de medidas cautelares.
“Él se abstuvo de declarar el jueves porque estaba solo ante un fiscal y queríamos que lo hiciera delante de un juez, entonces hoy (ayer para los lectores) sí declaró”, explicó Villalobos.
El faltante del dinero en la agencia bancaria se descubrió el lunes, cuando los empleados llegaron a trabajar y encontraron la bóveda abierta.
Desde ese día, se tuvo al gerente como el principal sospechoso de tomar el dinero pues los videos de seguridad del banco lo delataron.
Quesada estuvo desaparecido hasta el jueves, cuando se entregó.
Ese día, aseguró que había entregado el botín a quienes lo tenían amenazado y que luego huyó.
También, dijo haberse escondido en diferentes lugares, incluso en Nicaragua.
Delito. Ayer, mientras esperaban la resolución de las medidas cautelares, los defensores de Quesada sostuvieron que el delito que cometió el gerente es el de hurto simple.
“Básicamente, porque el hurto se define como el apoderamiento de una cosa mueble y en este caso eso es lo que hubo; él no lo cometió durante la gestión administrativa, pero ese es un debate que llevaremos a juicio”, manifestó Villalobos.
Para esa falta, el Código Penal establece castigos de entre un mes y tres años de prisión.
Sin embargo, la Fiscalía rebatió la postura de la defensa y calificó el delito como peculado.
Sobre este, la legislación establece lo siguiente: “Será reprimido con prisión de tres a 12 años el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”.