Las tablas de madera sostienen el paso entre las alamedas del precario Triángulo de Solidaridad en Calle Blancos de Goicoechea, mientras el olor a basura y las ratas se pasean por las casas de 525 familias.
En el 2010 un recurso de amparo de la Sala Constitucional abrió la ilusión de los vecinos de cambiar las latas por torres en condominio, mediante un proyecto a cargo del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).
Sin embargo, la posibilidad de que esa idea llegue a concretarse aún permanece estancada en el plan regulador de la Municipalidad de Goicoechea, desde el 2011.
La asistente de Desarrollo Urbano del municipio, Marta Gutiérrez reconoce que, aunque se necesita la reforma para dar el paso, aún no cuentan con un profesional en urbanismo que haga el estudio.
“Ahorita ese proyecto está paralizado porque se necesita un profesional especializado en la materia, y se están buscando los fondos para poder contratarlo. No hay movimiento ni se sabe cuándo puede empezar esto”, afirmó la funcionaria Gutiérrez.
En el futuro de esta comunidad se contempla también la construcción de un tramo de la carretera de Circunvalación Norte, cuyo inicio sería en mayo del 2014 y que obligaría a la reubicación de 180 familias a partir de este año.
“Hay dos opciones con esas casas por donde va a pasar la carretera. Una es que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) les otorgue un subsidio para alquiler y la otra es que reubiquemos las casas encima de las de otros vecinos o en los espacios que quedan entre las alamedas”, manifestó la líder comunal Ana Martínez.
En el precario surgen las dudas ante la posibilidad de cambiar el escenario actual con la construcción de ambas obras.
La carretera despierta preocupación, mientras que las torres mueven la ilusión de solucionar el hacinamiento y los problemas de aguas negras y tubos rotos.
“He escuchado que aquí todo lo van a quitar, no hemos pensado adónde ir; nosotros lucharíamos por pagar esas torres, no queremos las cosas regaladas, pero sí un mejor futuro para nuestros hijos”, expresó Yamileth Ruiz, quien tiene una década de vivir en el precario.
Para recibir la asistencia, los vecinos deben comprometerse a regular su condición migratoria. En el 2012, un censo realizado por Vivienda reveló que había 765 personas indocumentadas.
Con los papeles y las ideas sobre la mesa, hay vecinos a favor de ambas obras y otros que ven el cambio con recelo.
“Los que están en contra son aquellos que tienen negocios como cuarterías, por las que cobran hasta ¢60.000 mensuales”, manifestó Martínez.
El director de Vivienda del Mivah, Erick Mata, indicó que, como segunda opción, consideran desarrollar proyectos habitacionales en terrenos cercanos al precario, pero reconoció que el costo de las tierras es otra de las trabas.