El salario total promedio de los profesionales en Ciencias Médicas “por ningún motivo” puede ser menor al de otros profesionales del Gobierno Central o de las instituciones autónomas, dice la ley. La disposición distingue al personal médico de los demás trabajadores y, en la práctica, opera como un disparador del gasto en la Caja Costarricense de Seguro Social.
El vínculo establecido con los salarios del Gobierno Central ha servido, durante años, para beneficiar a los profesionales en Ciencias Médicas con los aumentos decretados para otros funcionarios del Estado, sobre todo por el impacto de las alzas en la amplia gama de beneficios concedidos al gremio. En el 2007, por ejemplo, el Gobierno decidió elevar los salarios de sus empleados al percentil 50 en el curso de los siguientes tres años para situarlos a la mitad de la tabla en relación con otros servidores públicos.
El estudio del Servicio Civil utilizado para fijar el incremento ubicaba a los empleados de la Caja, en general, muy por delante del Poder Ejecutivo, pero los mecanismos de aumento automático establecidos en la ley repercutieron sobre los ingresos de los profesionales en Ciencias Médicas y produjeron un efecto en cadena, responsable en buena medida del inusitado aumento del gasto en planillas de la seguridad social.
Tenemos, pues, un país donde la ley impide ajustar los salarios de los empleados públicos más rezagados en ingresos sin beneficiar desproporcionadamente a quienes más ganan. Los aumentos automáticos establecidos para favorecer a determinados grupos reprimen las alzas salariales de los demás.
Hasta ahora, los demás sindicatos creyeron compartir intereses con el gremio médico y se solidarizaron con sus reclamos. Recientes declaraciones de Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, señalan el inicio de un cambio.
El dirigente sindical propone romper el vínculo entre los ingresos de los médicos y la estructura salarial del Gobierno Central. En respaldo de la tesis, invoca las razones correctas: “Esos incentivos impiden que las cocineras de los Cen-Cinai, los policías y los oficinistas puedan obtener retribuciones salariales justas y acordes con el deterioro del poder de compra”. Pudo haber añadido el impacto de los aumentos sobre las finanzas de la Caja, una institución fundamental para todos los trabajadores.
Vargas explica las posiciones asumidas en el pasado como producto de la solidaridad sindical, las diferencias del escenario macroeconómico en uno y otro momento y la falta de claridad sobre el vínculo automático entre el ingreso de los médicos y otros salarios. Hoy, la confusión está resuelta: “La verdad es que cada peso que se aumenta en el Gobierno se convierte en muchos pesos para el salario de los médicos y hay que romper ese vínculo”.
En el fondo, el cambio de actitud apunta al reconocimiento del error de adjudicarle solidaridad a cualquier organismo denominado sindicato, sin examinar las características de su membrecía, la naturaleza de los intereses defendidos y la armonía entre sus objetivos y los de las mayorías. La participación de funcionarios humildes en protestas organizadas para defender los privilegios salariales de los médicos es un irónico contrasentido.
La ANEP llamará a los sindicatos médicos a una ronda de conversaciones para explicar sus planteamientos. El problema ha resultado intratable para una sucesión de gobiernos, siempre inclinados a ceder ante los profesionales de la Medicina. El paso delante de la ANEP plantea una oportunidad hasta ahora inexistente. El Gobierno debe sumarse sin dilación al esfuerzo y, de paso, explorar otras áreas del empleo público donde existen similares inconsistencias.