La Contraloría General de la República lleva seis años advirtiendo que el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) está perdiendo “su naturaleza jurídica”.
En dos informes del 2006, el ente contralor alegó que el Cosevi está destinando recursos del Fondo de Seguridad Vial para financiar gastos de otras dependencias que no están a su cargo, como Ingeniería de Tránsito, o la Policía de carreteras.
Y no está invirtiendo los fondos que acumula (por cobro de multas) en sus verdaderas obligaciones, como la compra de semáforos o los programas de educación vial en escuelas.
“Nos convertimos en un banco de segundo piso, financiando tres direcciones, pero no tenemos ninguna jerarquía”.
Así lo denuncia Silvia Bolaños, directora del Consejo, quien añade que ahora la entidad también se desvía de sus objetivos, pues debe dedicar tiempo y personal para resolver recursos y evacuar pruebas de las impugnaciones.