La gobernabilidad y el buen gobierno se refieren al ejercicio eficiente, eficaz y legítimo del poder y la autoridad para lograr objetivos sociales y económicos. Ambos conceptos están asociados a eficiencia (procura alcanzar los objetivos de gobierno en forma transparente y sin desperdicio de recursos); eficacia (intenta lograr estos objetivos manteniendo la estabilidad y credibilidad de las instituciones y el sistema político); y legitimidad (la ciudadanía reconoce el derecho de los gobernantes a ejercer el poder y la autoridad).
El Gobierno debe ser útil, eficiente y eficaz; debe contribuir a lograr lo planeado en materia de crecimiento económico, desarrollo humano y social, así como en materia de orden y respeto. Para ello, debe contar con las mejores personas, garantizando que quienes acceden a la función pública sean idóneas, con experiencia comprobada y con la capacitación necesaria para ejercer el cargo.
Pero también se hace necesario darle mayor margen de gobernabilidad.
Maraña institucional. En Costa Rica funcionan actualmente 81 órganos desconcentrados adscritos a 22 ministerios; 33 instituciones autónomas; 11 instituciones semiautónomas; 18 empresas públicas estatales; 4 empresas públicas no estatales; 17 entes públicos no estatales; 12 órganos adscritos a instituciones autónomas. Cada una de ellas tiene su junta directiva (¡un total de 176 juntas directivas!).
En estos órganos participan representantes estatales, cooperativas, sindicatos, asociaciones, universidades, colegios profesionales, empresarios, cámaras, ONG, fundaciones, sociedad civil, mesa campesina, representantes de... en fin. Esto hace que muchas veces se convierten en feudos de poder aislados de la Administración Pública. ¡Hay juntas directivas que tienen hasta 23 integrantes!
Lo primero que debemos hacer para lograr una mayor gobernabilidad y eficiencia en el manejo de los escasos recursos públicos es fusionar instituciones y eliminar las que no tienen ninguna relevancia en el actual modelo de desarrollo. Todo lo contrario a lo que hemos hecho en los últimos 30 años, donde hemos creado centenares de instituciones que en la mayoría de los casos, no cuenta con recursos económicos y humanos. Instituciones, sin objetivos claros a medir en el tiempo, que nadie se atreve a cerrarlas cuando ya no son funcionales por los altos costos políticos o intereses gremiales.
Por otra parte, hemos creado una importante cantidad de instituciones donde el rector político es sólo un actor más y otros gremios tienen el control.
No obstante, eliminar las juntas directivas de algunas instituciones sería un grave error ya que se debe lograr ese equilibrio, análisis interdisciplinario, control, trabajo de equipo, discusión, valor agregado y transparencia que obliga al gerente o presidente de una institución a tener una muy buena gestión.
Lo que sí debemos evitar es que algunas instituciones se conviertan en “verdaderos feudos”, como muy bien lo señala nuestra presidenta.
La calidad es lo primero. Para darle mayor margen de gobernabilidad a esta maraña de instituciones, se deben tomar las siguientes medidas:
1) Reordenar su conformación, procurando que pueda haber gobernabilidad y coordinación.
2) En los órganos en donde la representación externa al Gobierno es necesaria o conveniente, las organizaciones interesadas pueden nombrar representantes con altas calificaciones académicas y experiencia.
3) Deben unificarse el número de integrantes, en cinco o siete miembros, según la complejidad de la labor que llevan a cabo.
4) Los integrantes deben tener grado mínimo de licenciatura. Así se garantiza una preparación académica que permita llevar a cabo sus tareas de una mejor manera.
5) Se debe unificar en seis años el periodo de nombramiento de los directivos, con un mecanismo para despolitizar dichos nombramientos, de manera que se nombre uno cada año, permitiéndose la reelección, a efecto de aprovechar su experiencia.
6) Los miembros deben ser inamovibles, salvo que haya causa para removerlos. Esto da estabilidad en el cargo y mayor independencia de criterio a los directores.
7) Los miembros de juntas directivas deben responder personalmente con su patrimonio, por las pérdidas que le provoquen a la institución, por la autorización que hagan de operaciones prohibidas por la ley o contrarias a los intereses y objetivos de esta.
8) Se debiera establecer un régimen único para el pago de dietas de los miembros de juntas directivas, para que haya más justicia y equidad, a la vez que incentivaría la participación de ilustres profesionales. Se podría valorar una tabla escalonada, según el tamaño de la institución y el presupuesto que maneja. Por último, debiera establecerse un máximo de sesiones ordinarias y extraordinarias. Esto, para evitar abusos.
Es el deber de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo el plantear a corto plazo la reestructuración de muchas instituciones: eliminar las instituciones que no cumplen su objetivo inicial; evaluar fusionar para racionalizar gastos y costos operativos; pero, ante todo, darle al gobierno de turno la posibilidad de realizar bien su gestión pública, exigiendo calidad, eficiencia y competitividad.