La presidenta Laura Chinchilla no teme someter a referendo, o incluso a una Asamblea Constituyente, propuestas para cambiar la forma de gobernar el país. Sostiene que una reforma al Reglamento legislativo (para simplificar el tiempo y la forma en que se tramitan los proyectos de ley) es candidata a una consulta popular, y ello podría verse como un reconocimiento de que la Asamblea ha fallado. “Dejemos que la población lo decida”, afirmó en entrevista con La Nación, 24 horas después de recibir las 97 sugerencias de la comisión de notables sobre gobernabilidad.
Evidentemente, hay propuestas (de los notables) que pueden ser populares, otras impopulares, como el aumentar el número de diputados. Aunque sean impopulares, si considera que es lo que el país necesita, ¿va a impulsarlas?
El tema de la aceptación popular me parece que sí tenemos que incorporarlo en esta primera fase, porque se trata también de darle viabilidad a cualquier iniciativa que vayamos a proponer. Sin que necesariamente sea el factor fundamental, sí me atrevería a decir que va a ser un criterio a considerar en el marco de otros, como el orden en el tiempo que deberían tener algunas de las medidas.
Estamos hablando de popularidad porque algunas de las medidas se irían por vía de referendo, ¿por eso piensa en popularidad?
Claro, pero aun cuando estemos hablando en la Asamblea Legislativa, los diputados no trabajan en abstracto. Trabajan en función de un clima de opinión pública.
Esto usted no lo mencionó en su programa de gobierno. ¿En qué momento dijo ‘necesito convocar a seis expertos que me recomienden cómo cambiar la casa?’.
La preocupación en torno a la institucionalidad democrática es un tema que ha venido permeando la preocupación de los gobiernos de los últimos 20 años, sin que nadie la recoja de manera expresa.
¿Como politóloga es la primera vez que ve este tipo de reformas?
No, en absoluto. Me atrevería a decir que don Miguel Ángel (Rodríguez) fue el primer presidente que propuso una reforma en relación con los temas de gobernabilidad. Esa reforma era una reforma atrevida, porque planteaba con franqueza la necesidad de moverse a un régimen semiparlamentarista.
”En esta ocasión, este grupo de expertos nos plantea algo similar, aunque no lo decantan como tal, pero sí tiene rasgos del parlamentarismo; en su momento (entre el 2002 y el 2003) los diputados consideramos que el país no estaba para avalar la reforma y se requería más contraste de criterios”.
Usted dijo que es “el momento histórico”, ¿por qué?
Es bastante coincidente ya la opinión de muchos expertos en temas y hasta operadores políticos, de que cada vez cuesta más en el país tomar decisiones.
Probablemente, piensa que este es el momento histórico porque está en la silla presidencial...
Yo siempre he abogado por este tipo de reformas. También tengo que destacar que siempre abogué por la necesidad de las reformas al Reglamento legislativo.
Pero esta reforma también implica cambios constitucionales...
Tendremos que separar las que son constitucionales de las que son por la vía legal.
La expectativa que usted tenía era alta, ¿al final la complació?
Bastante, a pesar de que esto no quiere decir que yo comparta todo lo que el informe plantea.
Dénos un ejemplo.
Por ejemplo, yo tengo mis dudas, lo digo con mucha claridad, de si algunos de los instrumentos y de los institutos del parlamentarismo puestos en el contexto de nuestra cultura política van a venir a garantizar más estabilidad o, más bien, van a sumar más elementos a la inestabilidad política.
¿Se refiere a este intercambio de medidas? Yo (Congreso) le bajo el gabinete. ¿Ah sí? Yo (Ejecutivo) adelanto elecciones legislativas.
Sí. Ese es uno de los rasgos. Las democracias latinoamericanas han sido nutridas en el sistema presidencialista desde siempre y hacer la transición desde el punto de vista de cultura política es un tema que hay que contemplar. El otro factor es la relativa solidez del régimen de partidos políticos. Este aspecto es más bien débil en el país.
¿Por qué renuncia a tener algunas reformas en su Gobierno?
A lo que hemos renunciado es a beneficiarnos de esas medidas. Ya nos tocó jugar con estas reglas. Desprendernos de eso facilita el avance de cualquier reforma.
¿Se resigna a terminar el Gobierno con el entrabamiento?
En los principales proyectos, ya casi las cartas están echadas sobre los que van a salir y los que no. Y sacando cuentas, asumiendo que se aprueben algunas reformas, posiblemente nos quedarían seis meses para disfrutarlas. Ya en esos seis meses no se resuelven los temas esenciales. Y si fuera por la vía de una Constituyente, de todas maneras tendría que conformarse en las próximas elecciones.
¿Usted dice la palabra “Constituyente” y no le da miedo?
No puedo tener miedo a instituciones que contempla nuestra democracia. Le tengo miedo más bien a que no hagamos nada. Aquí lo que debemos ver es si es posible contemplar una Constituyente con poderes acotados para que se pronuncie sobre el título del marco jurídico-institucional costarricense.
¿Y un referendo? La ley dice que usted no podría hacer campaña.
Pero sí los funcionarios pueden pronunciarse y apelar a colectivos y participar de debates en defensa de la necesidad de mejorar la calidad de nuestra democracia.
¿No cree que son temas complejos para someter a referendo?
Me parece que más complejo fue el TLC. Creo que siempre la población encuentra cómo comprender y extraer los elementos más sustantivos de leyes, por más complejas que sean. Creo que cualquier costarricense, a diferencia del TLC, ha vivido en carne propia los efectos del deterioro institucional. Será muy fácil decirle a la gente por qué es necesario mejorar el desempeño de nuestra Asamblea Legislativa, del Gobierno y también agilizar algunas decisiones judiciales. Será fácil hacer que todos se miren como parte del problema.
¿Piensa mucho en someter propuestas a referendo?
No lo descartamos, pero no queremos adelantarnos a privilegiar ningún mecanismo. Creemos que tienen pros y contras. En la Constituyente debemos tener muchas garantías de no abrir una caja de Pandora donde se vengan a cuestionar aspectos que están muy asentados en nuestra democracia.
”¿Los riesgos de un referendo?, que incurramos en un esfuerzo muy grande y que no se consigan los porcentajes necesarios de participación. Estoy casi segura de que mayoritariamente la gente va a decir sí más que no. Pero necesitamos que se consiga el porcentaje necesario: si son reformas constitucionales, 50%, y, si son legales, 40%.
”¿Los problemas del procedimiento parlamentario? Es quizás el primero que hay que reformar. Lo que queremos es que tanto funcionarios de Gobierno como diputados respondan de manera más oportuna a las necesidades ciudadanas. Entonces, vamos a pedir a los diputados lo que hemos pedido por años y es que reformemos las reglas con las cuales se está legislando y que, entonces, volvamos a conseguir el resultado de siempre, que es que el proyecto no avanza”.
O sea, que el Reglamento legislativo sería un buen candidato para referendo.
Eh... podría ser un buen candidato a referendo.
Se estarían sometiendo reformas para mejorar la democracia a una población que cree cada vez menos en los procesos democráticos. ¿No es contradictorio?
Podría verse como todo lo contrario, como un reconocimiento tácito de que la Asamblea ha fallado en resolver cosas que a la población le interesan; pues dejemos que la población lo decida.
¿Se vería negociando con 87 diputados (en vez de 57)?
No va a ser ese un tema en los proyectos de ley que vamos a impulsar primero. Ese tipo de medidas están entre las que van a requerir más contraste de criterios. No necesariamente las vemos en el paquete que nosotros enviemos.