Tras varios años de echar al fuego un manojo de proyectos para regular su vida en pareja, ahora los grupos gais recurren a la carta del matrimonio tradicional.
Pero lo harán distinto; esta vez, contraatacan con la esperanza de que sea el pueblo el que los apoye lo suficiente como para dar forma a una ley de iniciativa popular.
La caza de firmas se iniciará en la tarde del 16 de febrero (aún no definen dónde) y no cesará sino hasta que los grupos tengan en sus manos unas 150.000 adhesiones; es decir, el “sí” del 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
Quien se encarga de la redacción del proyecto es el activista, abogado y líder gay del Movimiento Diversidad, Marco Castillo.
Según el dirigente, este nuevo intento surge porque las condiciones, mentes y perspectivas –no solo aquí sino alrededor del mundo– “están más abiertas que antes”.
“El asunto ha madurado; ahora hay más fuerza, somos más, marchamos más, la misma Corte Interamericana ha dado fallos importantísimos en otros países a favor de estas uniones”, alegó Castillo.
Además del Movimiento Diversidad, este esfuerzo está a cargo de varias organizaciones y personas sumidas en la lucha por defender los derechos de las parejas gais.
No hay un tiempo límite establecido para la recolección de adhesiones. Sin embargo, una vez que las entreguen a la Asamblea Legislativa –junto con el proyecto listo–, los diputados tendrán un plazo máximo de dos años para tramitarlo y decidir si lo aprueban, o no.
Persisten. Hace seis años, las organizaciones gais intentaron cobijar a las parejas del mismo sexo bajo el concepto “matrimonio”, pero tanto la Sala IV como la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazaron la propuesta.
A pesar de que el término quedó descartado, y se declaró inconstitucional cualquier relación equiparable con el matrimonio, el fallo de la Sala determinó que los diputados debían regular “con urgencia” los aspectos patrimoniales y personales de esas parejas.
Desde entonces, se está a la espera, aunque en el Congreso ya está en discusión el proyecto de sociedades de convivencia que se presentó, por primera vez, hace ya seis años.
Jesús Rosales, director del Centro Iberoamericano de Estudios para la Familia, está de acuerdo con que se legisle sobre esa población, pero no cree posible que triunfen si buscan respaldo en el casamiento.
“No tenemos perjuicio, creemos que bastaría con reformar algunas leyes, pero que no hagan una ley nueva. Aun así, ellos no pueden hablar de matrimonio, eso les podría traer todo abajo”, opinó Rosales.
Marco Castillo, empero, confía en la “plasticidad” de la Constitución Política y dijo que la Sala IV podría cambiar de criterio.
“En todo sentido, los avances que hubo a lo largo de estos seis años indican que sí, ahora sí puede haber un cambio aquí”, declaró.