La falta de aplicación de la Ley de tránsito es evidente a ojos de cualquier ciudadano, pero rara vez se ofrece la oportunidad de cuantificarla con algún grado de precisión. Las estaciones de pesaje, informó La Nación el domingo, están entre las pocas medidas objetivas disponibles para formarse una idea.
Las básculas instaladas en Cañas, Ochomogo y Búfalo de Limón para evitar el daño a la infraestructura y el peligro planteado por los vehículos de carga con sobrepeso detectaron, en diciembre, 1.414 infracciones, pero solo se confeccionaron 27 boletas de multa. Según el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), solo el 5% de los infractores fueron sancionados en todo el año. No hay oficiales de tránsito disponibles para hacer los partes una vez detectada la irregularidad y, en consecuencia, la ley y el sistema de pesaje están pintados en la pared.
El dato es indicador de un verdadero desastre. Sin embargo, es preciso tomarlo con un grano de sal. Si bien la medición es objetiva, solo toma en cuenta las infracciones al límite de peso comprobadas. En ausencia de oficiales de tránsito, muchos conductores de vehículos de carga simplemente evaden la inspección. Ignoran los rótulos que ordenan detenerse y pasan frente a la estación como si no existiera, confiados en la más completa impunidad. En consecuencia, el porcentaje de conductas ilícitas sancionadas es mucho menor.
Con todo, la cifra objetiva de un 95% de impunidad en el caso de las anomalías constatadas basta para concluir que el país finge la existencia de una ley de tránsito cuando, en realidad, la ley del más fuerte o el menos escrupuloso gobierna las calles y carreteras. Cualquier esquina del país sirve para constatarlo. La emisión de ruido y humo, el irrespeto a la señalización y las maniobras temerarias se suceden sin tregua, aun en las principales vías.
La Asamblea Legislativa debatió, por años, la nueva Ley de tránsito. Fue una comedia de errores, pero finalmente cobró vigencia. No está ayuna de defectos, pero el peor de todos es la imposibilidad práctica de aplicarla con lo recursos humanos y materiales disponibles. La ley más severa es letra muerta si el infractor enfrenta una bajísima posibilidad de ser sancionado.
Mucho se discutió, también, sobre el rigor de de las sanciones incorporadas a sucesivos proyectos de ley. La Sala Constitucional dejó a muchas sin efecto por su desproporción e irracionalidad. Sin embargo, en el caso del sobrepeso de los vehículos de transporte de carga, el monto de las multas vigentes es discutible en virtud del estímulo existente para violar la ley. El exceso de peso hace el viaje más rentable y la remota posibilidad de una multa por ¢94.000 podría ser considerada un riesgo menor o un simple costo adicional. Peor aun, el irrespeto a la señal de detenerse se sanciona con solo ¢47.000.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recurrirá a la tecnología para combatir la impunidad. Un sistema de cámaras facilitará la confección de partes aun cuando no haya un oficial de tránsito en la estación de pesaje, pero considerado el monto de la multa y dependiendo del valor del flete, la eficacia de la medida es cuestionable. Ese no es argumento en contra de los esfuerzos del MOPT, sino a favor de una sanción más razonable para un caso donde la violación de la ley puede producir más réditos que el monto de la sanción.
En cualquier circunstancia, las estadísticas de impunidad para las irregularidades constatadas actualmente en las estaciones de pesaje se proyectan sobre las demás conductas anómalas de las cuales somos testigos a diario para evidenciar la magnitud de la falta de vigilancia y la necesidad de dotar a la Policía de Tránsito de mejores recursos humanos y tecnológicos. La protección de la vida humana y también de la costosa infraestructura vial justifica el esfuerzo.