Las agrupaciones políticas corren el peligro de no recibir el dinero por adelantado que otorga el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para cubrir gastos de campaña.
Los exdiputados Federico Malavassi y Rodrigo Alberto Carazo, junto con el particular Gabriel Bonilla, presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el Código Electoral, que rige desde el 2009.
La solicitud fue acogida en estos días por la Sala IV para su correspondiente estudio.
Entre otros aspectos planteados, la gestión señala que el Código incumple con el pronunciamiento del alto tribunal, que data de 1991, en contra del adelantamiento de la deuda política.
“La Sala declaró inconstitucional esta práctica. Incluso, dibujó cómo debía ser la deuda política para garantizar la pluralidad de partidos. Estas normas vienen a contrariar dicha disposición”, sentenció Malavassi.
Según dijo, la Carta Magna habla de una contribución para fomentar la democracia, pero considera que actualmente hay “un desastre”, pues criticó que los bancos del Estado “financien” partidos políticos a través de encuestas.
La contribución del Estado a los partidos está regulada en el Código Electoral, del artículo 115 al 119. Sin embargo, estos no podrán aplicarse en los procesos judiciales que estén pendientes de dictar sentencia.
“La Sala le da curso a la acción dimensionando la suspensión de los artículos impugnados por los interesados, con el fin de evitar un dislocamiento del sistema democrático del Estado de derecho”, describió el abogado constitucionalista Manrique Jiménez.
Los responsables de la iniciativa señalan que los artículos 97, 98, 103, 104, 105, 106 y 107 del texto electoral también son inconstitucionales.
La acción además reclama que el TSE no es un órgano apto para vigilar los fondos públicos, y recuerda que la Contraloría General de la República es la encargada de esta labor, según lo estipulado en la Constitución.
¿Código sin aprobación del TSE? La Sala Constitucional también decidirá si el Código Electoral fue aprobado en el 2009 bajo el procedimiento correcto, pues Malavassi aseguró que, en aquella oportunidad, los diputados no consultaron el proyecto de ley ante el TSE.
“Fue aprobado dentro de los seis meses antes de las elecciones pasadas. Cuando se aprueba una reforma electoral dentro de ese periodo, se requiere que no haya oposición del Tribunal, pero nunca se envió el texto a consulta. Por eso, para nosotros, la ley es nula”, explicó.
El artículo 97 de la Carta Magna manifiesta que, “dentro de los seis meses anteriores y los cuatro posteriores a la celebración de una elección popular, la Asamblea Legislativa no podrá, sin embargo, convertir en leyes los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales el Tribunal Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo”.
El presidente de la Asamblea Legislativa de aquel entonces era Francisco Antonio Pacheco, quien no recordó si el proyecto de reforma del Código Electoral fue enviado al órgano electoral.
Diego Brenes, asesor político del TSE, manifestó ayer en horas de la mañana que no habían sido notificados sobre la decisión que tomó la Sala IV de acoger la acción para su estudio.