Después de tres horas de negociación entre el Gobierno y los sindicatos, ayer no hubo consenso y el Ejecutivo decidió decretar un ajuste del 1,84% a la base del salario de los empleados públicos.
Entre hoy y mañana la administración Chinchilla promulgará el decreto. El alza regirá para el primer semestre del año.
Los sindicatos proponían un 4,5% de incremento y pidieron ampliar el plazo de análisis de la propuesta gubernamental.
Sin embargo, la espera se agotó ayer mismo y cuando el reloj marcaba las 7:30 p. m. el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Olman Segura anunció que la decisión final sería aprobar, vía decreto, el alza de 1,84%.
“No firmamos un acuerdo porque el sector sindical requería más tiempo para analizar la propuesta”, enfatizó Segura.
El planteamiento del Gobierno también incluye un 1% adicional para aquellos servidores con salarios inferiores a ¢275.150. Este grupo tendrá un aumento del 2,84% a la base.
Dentro de estos sectores se encuentran los guardas de seguridad, asistentes de cocina, choferes, policías penitenciarios y de Migración, operadores de máquinas, oficinistas y conserjes, entre otros.
“Es el Gobierno quien trae la propuesta y hemos sido responsables respecto a lo que significa en gastos este incremento salarial”, manifestó Segura.
De acuerdo con Segura se proyecta un gasto de ¢46.000 millones por las alzas que entrarán a regir durante este primer semestre.
El aumento del 2,84% beneficiará a 43.000 funcionarios, mientras que un total de 195,551 empleados recibirán el alza del 1,84%.
“No quedamos en nada, por lo que esta semana vamos a analizar si haremos huelgas. Si el año pasado hubo paro por un 1,96% este año haremos un llamado aún más grande”, advirtió Rafael Mora, representante sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
En la primera cita con los sindicatos el jerarca de Trabajo fue claro en indicar que la situación fiscal del país no les permitiría cumplir con la propuesta del 4,5%, que pedía el sector sindical.
Segura insistió en la necesidad de definir a corto plazo una agenda para el reordenamiento del sector público en materia laboral.