La joven madre sostiene una fotografía en los regazos. El pequeño Alonso Alberto, de cuatro años de edad, ve la imagen y exclama: ¡Ese mi papá! Lo reconoce aunque su padre, el oficial de la Fuerza Pública Pedro Alberto Fallas Zamora, murió en el 2007, antes de que el niño naciera. El policía fue baleado cuando intentó detener a unos asaltantes en la parada de buses de Limón, en San José.
Video con testimonios de viudas
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Ella se llama Laura Mora Navarro; cuando su esposo fue asesinado tenía 28 años, dos hijas (de 4 y 10 años) y un embarazo de tres meses. No tenía casa propia y recibía unos ¢90.000 por su trabajo en una empresa de comidas, que abandonó para dedicar meses a gestionar una indemnización por la muerte de su compañero.
También renunció para cuidar a sus hijos. “Trabajar afuera y pagarle a otra persona para que los cuide, como que no es viable”, afirma Mora.
Los cuatro miembros de esta familia subsisten hoy con una pensión de ¢156.000 que les otorgó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) bajo el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
Viven en San Sebastián, San José, en una pequeña casa de cemento que ella levantó con ¢18 millones que le fueron entregados por parte del Ministerio de Seguridad. Esa plata correspondió al pago de 60 salarios que contempla la Ley General de Policía para la familia de los oficiales fallecidos en el cumplimiento del deber, más prestaciones.
“Compré el terreno y lo que quedó me ayudó a medio levantar lo que ahora ve, porque una casa que me ofrecieron nunca llegó. En ese momento el ministro era (Fernando) Berrocal; él y el viceministro me hablaron de ayudarme a conseguir una propiedad”, recuerda Mora.
A lo de la pensión, le suma los pocos ingresos que logra pintando uñas. Con eso debe enfrentar las necesidades como las que vendrán con la entrada a clases, cuando sus hijas Yanory (14) y Monserrat (8) necesiten los útiles escolares.
El próximo año, también deberá pensar en el estudio del pequeño Alonso Alberto.
Legado de penas. En los últimos 13 años, 25 policías de la Fuerza Pública han muerto mientras cumplían con su trabajo, de acuerdo con datos suministrados por el Ministerio de Seguridad.
Los últimos dos perecieron el 7 de enero, en La Rita de Pococí, Limón, cuando fueron arrollados por unos asaltantes.
En el caso de las familias de los oficiales caídos, la CCSS aplica el mismo sistema que para el resto de los beneficiarios. El reglamento que se utiliza establece porcentajes de hasta un 70% del salario que recibía el benefactor.
Los familiares saben que el problema está en que, pese al riesgo diario de los policías, los salarios son muy bajos, y que por ello heredarán pensiones raquíticas.
Actualmente, el pago para un oficial raso es de ¢244.000.
Los allegados de varios policías fallecidos dijeron a La Nación que sus pensiones están entre los ¢65.000 y los ¢170.000.
Uno de esos casos es el de la familia del oficial Manuel Araya Corrales, quien murió en el 2000, cuando la patrulla en la que seguía a unos asaltantes cayó en un precipicio.
Su esposa, María Emilia Vargas, quedó a cargo de siete hijos (de nueve que tenía el matrimonio). El menor tenía ocho años.
Ella recibió alrededor de ¢7 millones y una pensión que actualmente es de ¢90.000. Un monto similar por mes recibe de una póliza. Por 10 años luchó por un bono para vivienda, que hasta hace dos años se le entregó.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, reconoció que los salarios bajos generan las menudas pensiones. Añadió que los oficiales deben procurar hacer carrera policial para aumentar el ingreso.