El plan de vigilancia con cámaras en zonas escolares, prometido para el inicio del curso lectivo anterior, sigue en remojo.
Ahora, la espera es porque la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) debe definir quién las va a administrar.
Por ello, es poco probable que los aparatos estén en operación el 6 de febrero, cuando estudiantes de escuelas y colegios públicos reanuden las clases.
Silvia Bolaños, directora del Cosevi, explicó que, inicialmente, este proyecto estaba a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). El Consejo lo asumió en octubre, a petición de la presidenta Laura Chinchilla.
“Teníamos un contrato ( de vigilancia en carreteras) firmado con una empresa (Racsa) y desde el punto de vista legal no podíamos incorporar el control en escuelas. En noviembre se rescindió el contrato”, indico Bolaños.
El acuerdo se había suspendido en dos ocasiones por la gran cantidad de acciones de inconstitucionalidad planteadas contra el sistema. Se optó por finiquitar el contrato cuando se aprobó la nueva ley de tránsito, que incorporó cambios al control automatizado.
Mario Zaragoza, vocero de Radiográfica Costarricense (Racsa), aseguró que la empresa está en capacidad de ofrecer este servicio para el inicio de lecciones, pues los sitios ya están habilitados.
No obstante, Bolaños advirtió de que los directivos debían conocer cuatro informes técnicos antes de definir si seguirán con Racsa o buscaría una empresa privada.
Asimismo, advirtió de que en caso de optar por la segunda alternativa, el proceso se prolongaría al menos seis meses más, mientras se realiza la licitación pública.
“(El inicio del proyecto) dependerá de la metodología de contratación. Si es directo, es muy rápido, y no le digo que el mismo día en que se inician las clases, pero sí en febrero”, manifestó Bolaños.
Lo único claro es que la medida se aplicará en los centros educativos definidos el año pasado.
Se trata de las escuelas República Dominicana, en San Francisco de Dos Ríos; Ricardo Jiménez, en San José; Antonio José de Sucre, en La Uruca; 12 de Marzo en Pérez Zeledón, y Astúa Pirie en Cariari de Pococí. El número de cámaras dependerá de los informes técnicos.
“Este proyecto es prioritario e hicimos un gran esfuerzo para incorporar los ajustes en la nueva ley, como establecer la obligatoriedad de que sea el propietario registral del vehículo quien responda por las infracciones”, concluyó.