El terremoto de 7,6 grados magnitud momento (MW) que sacudió al país el 5 de setiembre del 2012 cambió dramáticamente la vida de cientos de vecinos de Grecia, Sarchí y Naranjo, todos cantones de la provincia de Alajuela.
Esa mañana del noveno mes del año, pisos y ventanas se reventaron, objetos cayeron al suelo y amplias grietas en las paredes destruyeron, en cuestión de segundos, el esfuerzo que “había costado tantos años”.
Así recordó Deivis Ovares, vecino de Grecia, el día en que para él y muchos de sus conocidos comenzó el calvario de trámites para tratar de tener un hogar.
El terremoto tuvo como epicentro Sámara, en Nicoya, Guanacaste, y no dejó fallecidos, según los reportes oficiales. Sin embargo, trajo mucho dolor a unas 280 familias que siguen a la espera de ayudas de parte de las instituciones de Gobierno.
Después de la emergencia, el Ministerio de Salud declaró “inhabitables” al menos 82 viviendas, cuyos ocupantes tuvieron que arrimarse a casas de amigos y parientes, o buscar algún lugar para alquilar.
Para apoyar a los afectados , el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) otorgó un subsidio de ¢100.000 para cada grupo familiar, por un plazo de tres meses.
No obstante, al cumplirse ya cuatro meses del terremoto, los damnificados temen que el IMAS les suspenda el aporte económico en cualquier momento.
“Somos gente muy humilde y ahora los alquileres superan los ¢100.000. La situación ha sido muy difícil y las instituciones del Gobierno nos tienen en el olvido, no nos dicen nada y no se sabe qué va a pasar con las platas de alquiler”, manifestó Ester Rodríguez, vecina de Sarchí Sur.
Durante un recorrido realizado en esos tres cantones alajuelenses, La Nación confirmó la angustia que genera la desinformación.
“Nos tienen en un espere y espere y no se sabe nada. Solo nos dicen que hace falta dinero”, indicó Ana Lucía Cubero, vecina de Naranjo.
Los alcaldes de los tres cantones admiten que el proceso ha sido lento, pero aducen que las instituciones deben ser cautelosas a la hora de asignar recursos públicos y que es necesario evaluar la situación socioeconómica de cada familia.
Según la alcaldesa de Naranjo, Olga Corrales, en el primer semestre de este año se espera recibir un aporte de ¢227 millones del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).
“Debemos tomar acciones preventivas en función de evitar emergencias en época de invierno. Estos dineros son un comienzo para atender los casos más severos”, comentó la funcionaria.
Por su parte, Luis Antonio Barrantes, alcalde de Sarchí, comentó: “A este país le hace falta prepararse de forma seria ante este tipo de eventos”.
Endeudados. La demora ha hecho que algunos de los damnificados decidieran asumir por cuenta propia la reparación de sus viviendas.
“Uno es pobre, pero no se puede quedar de brazos cruzados. Por eso, asumimos un préstamo con el banco por ¢3 millones y yo mismo he ido reparando la casita y aquí muchos vecinos, ante la desesperación de no recibir ni una visita, han hecho lo mismo”, expresó Jesús González, vecino de Sarchí Sur.
Otra de queja es que nunca recibieron atención psicológica.
“Es una tensión terrible la que se vivió al ver cómo perdíamos todo. Recuerdo que una iglesia trajo a unos payasos para distraer a los chiquitos, pero nadie más nos dio ningún tipo de terapia”, manifestó Ester Rodríguez.
Los encargados de las áreas de Salud de estos cantones afirmaron que esa atención no es competencia suya, sino de los comités de emergencia de cada cantón.