La Fiscalía allanó ayer el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), en Montes de Oca, para obtener pruebas por supuestas irregularidades en contratos de conservación vial.
Según los datos suministrados por el Ministerio Público, la investigación se le sigue a un exdirector de Conservación, de apellido Núñez, quien en apariencia habría favorecido a varias empresas, entre ellas una vinculada a su familia, y “ a un ingeniero de apellido González”.
El implicado, sin embargo, ya no trabaja en el Consejo Nacional de Vialidad.
Las autoridades buscaron documentos en la Dirección de Conservación Vial, Proveeduría, Tesorería, Auditoría Interna, Dirección de Jurídicos y Recursos Humanos.
Juan Carlos Cubillo, fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, explicó que se investiga la posible comisión de los delitos de administración en provecho propio y fraude de ley, donde al amparo de la normativa se realizan actos que no se ajustaron a fines públicos.
La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito sanciona el primero con prisión de 1 a 8 años, y el segundo de 1 a 5 años.
Además del Conavi, como parte del caso, fueron allanadas una vivienda en San Isidro de Heredia, una empresa en San Joaquín de Flores y un bufete de abogados en San Pedro de Montes de Oca.
José Luis Salas, director ejecutivo del Conavi, aclaró que la acción policial no está relacionada con la investigación por la trocha fronteriza, que también sigue la Fiscalía.
Asimismo, insistió en que los contratos de supervisión que están en la mira de las autoridades son previos al 2010, año en que se inició este Gobierno.