El Ministerio Público informó ayer de que ni la presidenta Laura Chinchilla ni ningún alto jerarca de gobierno es investigado en el caso de las finanzas de la precampaña del 2009.
La Fiscalía General le delegó el tema a la Fiscalía de Probidad y Transparencia, porque de la denuncia del TSE no se derivan responsabilidades sobre miembros de supremos poderes.
En el informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se implica al extesorero de la tendencia de Chinchilla, Jorge Wálter Bolaños, y a excolaboradores de apellidos Lizano y Gutiérrez.
La Fiscalía añadió que, si luego se determina la participación de un alto jerarca, la Fiscalía General intervendría. El TSE denunció que la precampaña recibió ingresos por ¢715 millones, pero solo reportó al PLN ¢344 millones provenientes de 148 personas y 42 sociedades.
Alex Sibaja, tesorero del PLN, dijo que el Partido cotejaba que los donantes reportados existieran, pero no estaba obligado a confirmarlo en las cuentas de las tendencias.
René Castro, ministro de Ambiente y exjefe de la precampaña, dijo que por la magnitud del trabajo sí se pudo haber manejado más de ¢700 millones y que los ingresos vinieron de donaciones y eventos de recaudación, pero alegó que de los reportes se encargó el tesorero.