Una acción presentada ante la Sala Constitucional frena la elección de 17 magistrados suplentes.
El recurso impide la aplicación del reglamento que permite al Poder Judicial enviar al Congreso las nóminas de aspirantes a ese cargo.
Hasta que la Sala no resuelva la acción, presentada en octubre por el abogado Jesús Jiménez, la Corte no puede aplicar el reglamento que permite a los altos jueces escoger las listas de aspirantes que deben enviarse al Congreso.
La presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, cree que la resolución “podría estar saliendo en un plazo relativamente... en seis, siete meses”.
Para el magistrado de la Sala III Carlos Chinchilla, la situación “es preocupante”, pues la mora en la elección de suplentes afecta el funcionamiento de las distintas salas.
“Solo en la Sala III tenemos cuatro plazas sin poder nombrar y hay atrasos en las otras salas (...). Lo que hacemos en la Comisión de Nombramientos es agilizar el asunto, pero como está impugnado el reglamento, tenemos que tener cuidado”, dijo Chinchilla.
El reglamento impugnado establecía un método para seleccionar a los aspirantes, y surgió luego de fuertes críticas porque la escogencia de los aspirantes se realizaba sin que siquiera mediara una entrevista a los interesados.
De ahí que en setiembre del 2011 el magistrado de la Sala IV, Paul Rueda, impulsara la creación de reglas que permitieran una evaluación no parcializada de los aspirantes a magistrado suplente.
La metodología que finalmente aprobó la Corte en febrero del 2012 para elegir magistrados suplentes consiste en una tabla de 100 puntos dividida de manera que la experiencia profesional tendrá un valor de 50 puntos; además, incluye la calificación de una entrevista, los grados académicos; las publicaciones realizadas, y la experiencia en docencia de los interesados.
Para que un candidato logre pasar el filtro del reglamento y pueda ser uno de los aspirantes que la Corte envíe para su valoración en la Asamblea Legislativa, debe alcanzar al menos 70 puntos. Estos parámetros pretenden eliminar la elección subjetiva.
Sin embargo, en la acción acogida por la Sala se reclama que el reglamento es discriminatorio y al ser aceptada la queja para su estudio, se frenó la aplicación.