Incumplir con el pago del impuesto a las personas jurídicas durante tres periodos consecutivos, se traducirá en una disolución de la sociedad mercantil.
Así lo determina la Ley N.° 9024, que crea dicho impuesto, y que además dicta la constitución de una hipoteca o prenda sobre los bienes que posea, hasta que se cancele la deuda tributaria.
“El Registro Nacional enviará el aviso de disolución al diario oficial La Gaceta, de conformidad con el artículo 207 del Código de Comercio, y procederá a la cancelación de la inscripción y anotación de bienes”, señala el artículo 6 de dicha ley.
Según Alan Saborío, socio director de la firma consultora Deloitte, al no pagar el impuesto y constituirse la hipoteca, los bienes muebles e inmuebles podrían ser sometidos a un proceso de remate para hacerle frente al pago respectivo.
Este 31 de enero vence el plazo para el pago del segundo periodo de cobro de este tributo. El primero venció el 30 de abril del 2012.
Este año, el impuesto grava con ¢189.700 anuales las sociedades activas y con ¢94.850 las inactivas.
En enero del 2014 se cumplirá el plazo de tres años de mora para las sociedades que nunca han pagado y que lleva a la disolución.
¿Cómo evitarlo? Aun con la morosidad de dos años, si los dueños de sociedades no pagaron el primer periodo y tampoco cancelan el segundo, todavía existe la posibilidad de enmendar el retraso.
José María Oreamuno, socio de la firma Faycatax, explicó que quienes omitieron la declaración y pago del impuesto en el 2012, tienen una multa del 25% del impuesto que no pagaron.
Los que omitan esa declaración en el 2013 tendrán una multa del 50% del impuesto adeudado.
“No obstante, si se subsana espontáneamente la omisión, sin que medie actuación alguna de la Administración Tributaria –que en este caso es el Registro Nacional– la multa se reduce en un 75%, o en un 80% si además autoliquida y paga la sanción en el momento de subsanar el incumplimiento”, explicó Oreamuno.
También se reducen la multas si el pago se hace antes de que la Administración notifique el acto determinativo, o si se hace después de notificado el acto determinativo, pero sin ser recurrido.
Para este año, el Banco de Costa Rica (BCR), único recaudador del tributo, espera el pago de un total de 540.640 personas jurídicas inscritas en el Registro.