Actualmente hay en nuestro país dos formas diferentes de comprender los derechos humanos y la democracia. Ambas se encuentran en pugna. Por un lado, se encuentra el sector más “progresista”, que ha sido incapaz de traer a Costa Rica ciertos principios con casi dos siglos de aplicarse en otras latitudes. Me refiero al Estado laico. Este se ha comprobado como la única manera de garantizar el bien común sobre los intereses particulares. La independencia frente a las instituciones eclesiásticas es la primera etapa para una convivencia sin privilegios ni discriminaciones de ningún orden.
Por otra parte, tenemos al sector integrista cristiano. Este aspira a que toda ley tenga inspiración bíblica, donde la libertad y los derechos individuales sean prisioneros del dogma. Su meta es que la sociedad civil sea compatible con sus creencias y devociones. Este proceso cultural y político se esconde detrás de las amables apelaciones a la moral y a las buenas costumbres.
Cabe destacar que la perspectiva laicista fue una de las conquistas más importantes de la modernidad. Arrancó en el siglo XIX en Francia.
Entonces, la escuela pública laica fue un paso decisivo para la construcción de una sociedad abierta, apta para investigación científica y para el desarrollo de la creatividad artística.
Asimismo, facilitó la coexistencia de ideas, la discusión de sistemas filosóficos y corrientes estéticas. Contrario a lo que se cree, también estimuló el espiritualismo. Prueba de ello es que, aún en la actualidad, el país galo tiene uno de los porcentajes de creyentes y practicantes más altos del mundo.
En contraposición, el oscurantismo sigue ganando terreno en la Suiza centroamericana. Se disfraza con un discurso de víctima: ¿con qué atribución quieren los grupos minoritarios imponer a todos los costarricenses costumbres y procederes que no son propios de su tradición, de su moral y de su credo? Este pensamiento debe ser nombrado por lo que es: una estocada para la igualdad.
El Estado y sus instituciones deben adaptarse al Derecho, no acomodarse a prácticas que le sean opuestas. En esto no puede haber concesión alguna en nombre de argumentos ad pópulum.
Un Estado laico no es enemigo del culto a Dios; es un ordenamiento jurídico que ha trasladado el ejercicio de adoración desde la esfera pública hasta ámbito privado. Cuando el Estado y la religión se separan, esta última se democratiza porque cada iglesia logra coexistir con las demás y endurar a agnósticos y ateos.
Finalmente, nuestra carta magna garantiza derechos humanos y libertades. Por naturaleza, se crea una miríada de posibilidades de vida inscritas en todas las religiones y creencias. A cambio, las iglesias y sus representantes deberán renunciar a los excesos de su doctrina para ganarse la entrada a la Costa Rica del siglo XXI.