Agarradas de las manos, Yansy, Yadira y Luz Marina sudaban ante la incertidumbre de no saber por qué las llamaron a la capilla. Salieron de sus celdas y caminaron escoltadas hacia ese salón de la cárcel El Buen Pastor.
Escogieron la última banca para sentarse y desde ahí vieron llegar a periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Finalmente, cuando llegó la presidenta Laura Chinchilla, la zozobra se esfumó.
Yansy había esperado 11 meses para su indulto. “Siempre tuve la esperanza, pero estaba resignada a salir con el tercio (de la pena). Yo fui la primera a la que llamaron.
”No puedo explicar lo que sentí. Era como que el mundo se paralizaba, pero más bueno que cuando me detuvieron. Me puse de pie, empecé a llorar y caminé hasta donde estaba la presidenta”, recuerda.
Yansy forma parte de los 20 privados de libertad que el Consejo de Gobierno ha indultado desde el 2010. En estos casi tres años, se rechazó el perdón al 97% de los 609 solicitantes; es decir, a 589 reos se les negó la libertad.
En junio del 2011, esta mujer de 42 años fue condenada a seis años de prisión por introducir droga a la cárcel La Marina, San Carlos.
De los 20 indultos concedidos desde el 2010, 14 casos (70%) correspondieron a mujeres condenadas por vender o introducir droga a centros penales.
Los otros seis fueron hombres y mujeres sentenciados por los delitos de violación de domicilio, homicidio calificado, tentativa de homicidio, estelionato, uso de documento falso y robo agravado.
¿Qué es? El indulto es una potestad discrecional que tiene el Consejo de Gobierno para perdonar la pena a los presidiarios, establecida en la Constitución Política.
Generalmente, se otorga en el Día de la Madre y en Navidad.
Para concederlo, se puede pedir el criterio técnico del Instituto Nacional de Criminología (INC).
En el 2010 hubo 99 solicitudes de indulto, pero solo tres mujeres lo recibieron. En el 2011, las peticiones subieron a 163 y solo a una se le otorgó el perdón.
En el 2012, se gestionaron 347 solicitudes y el Gobierno concedió 16 indultos, entre los cuales, por primera vez, hubo cinco hombres.
El perdón lo solicitaron reos que descontaban prisión por delitos sexuales, robo agravado, secuestro extorsivo, homicidio calificado y violación a la ley de sicotrópicos.
Uno de los casos más recordados es el de la indígena Olivia Bejarano, condenada por homicidio, quien recibió el perdón el 21 de diciembre del 2011.
Criterio técnico. Enrique Rojas Franco, abogado constitucionalista y exviceministro de Justicia (1982-1986), explicó que el INC “es un órgano del Estado con potestad y competencia para valorar y evaluar desde el punto de vista de la técnica científica si el Consejo de Gobierno debe o no proceder (con el indulto)”.
Aclaró que ese dictamen no es vinculante, pero consideró que es “necesario y conveniente” tener el criterio positivo de ese órgano.
De los 20 indultos otorgados desde el 2010, el Gobierno respetó el dictamen favorable del INC en 18 indultos otorgados y solamente se apartó de ese criterio en dos casos.
El primero de ellos es el de Sally Priscilla Calderón, una mujer condenada a 8 años de prisión por introducir droga a la cárcel de Pococí, y que saldría libre en agosto del 2016. El INC señaló que no debía recibir la gracia, pero el Consejo de Gobierno se lo concedió el 21 de diciembre del 2010.
“Ha vivido un ciclo de violencia, recibe amenazas de muerte para introducir droga. Es causa suficiente para otorgar el indulto”, justificó el Gobierno.
El otro caso es el del veterinario Bernal Arias Sibaja, quien fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por tentativa de homicidio, tras haberle disparado por la espalda a un menor de 13 años.
En principio, Arias no saldría libre hasta el 2 de octubre del 2027, y el INC recomendó no otorgarle el indulto porque estaba en una fase inicial de descuento de la pena, pero el Consejo de Gobierno lo perdonó el pasado 11 de diciembre.
Entre el 2010 y agosto del 2012, el INC rindió un dictamen positivo para 36 reos, negativo a 359 y en 132 no se pronunció.
Poco usado. Marta Iris Muñoz, jefa de la Defensa Pública del Poder Judicial, considera que el indulto es un instituto poco utilizado en la práctica jurídica.
“El indulto tiene raíces históricas desde la monarquía. No todas las personas condenadas pueden estar bien condenadas, puede haber un error judicial o desproporcionalidad de la pena. Entonces, el indulto se usaba para hacer ese tipo de correcciones”, puntualizó.
Muñoz aseguró que revisarán casos de reos que merecen el indulto y emitirá directrices para que los defensores públicos soliciten a los tribunales que recomienden el indulto cuando dicten sentencias condenatorias.