Por todos los medios hemos sido informados de la problemática que enfrenta el ICE para apenas iniciar el Proyecto Hidroeléctrico (PH) Diquís, y la que sigue enfrentando para completar la obra del PH Reventazón. Ambos proyectos hidroeléctricos le demandan costosas obras de ingeniería civil a lo largo de varios años, así como cada vez más costosas obras de mitigación al daño ambiental y cada vez más onerosos y difícilmente obtenibles préstamos de capital para el pago de dichas obras.
La recompensa que obtendríamos como abonados sería a muy largo plazo, cuando las plantas estén totalmente amortizadas, tal vez dentro de unos treinta años, y los costos de operación ya sean mínimos.
Mientras tanto, tendremos que pagar la energía producida en esas plantas a no menos de diez o quince centavos de dólar el kilovatio/hora, o posiblemente más, dependiendo del costo financiero de la obra, del tiempo que dure su construcción y del plazo de amortización.
Las estimaciones actuales conocidas para el costo final del PH Diquís y el del PH Reventazón son de US$2.500 y US$ 1.500 millones respectivamente. La capacidad de ambas plantas será de 940 Megavatios de potencia con un factor de uso anual del 50%.
Sin embargo, gracias a los avances de la tecnología moderna, existen alternativas de producción eléctricas de más alto factor de uso (95% anual), ideales para generación sin paro durante la época seca de verano, y con costos de construcción muy inferiores a los antes indicados. Se tratan de las plantas de gas natural en ciclo combinado o tecnología conocida con las siglas NGCC. De acuerdo con las publicaciones actualizadas (2012 Turbine Handbook), un proyecto de construcción llave en mano para una planta NGCC con 950 Megavatios de potencia está costando un aproximado de US$500 millones que, comparado con los US$4.000 millones de los dos proyectos hidroeléctricos del ICE es apenas una octava parte.
¿En qué podríamos invertir apropiadamente la enorme diferencia de US$ 3.500 millones? Una parte de ellos podría destinarse a la prospección, búsqueda y explotación del gas natural que podría existir en nuestro subsuelo. Toda una industria nacional en la que nuestro estado saldría beneficiado por el pago de impuestos y derechos tipo royalties.
Otra parte destinarla a la construcción de una red de gasoductos entre los pozos y las plantas, y tal vez hacia las fronteras para la exportación de excedentes. Se sabe que la extracción de gas natural cuesta un aproximado de US$3,00 por megaBTU de contenido calórico del gas natural obtenido, y que para generar un megavatio hora de energía eléctrica se requieren 8 megaBTU, lo que resulta un costo de operación por combustible nacional de $ 24 por megavatio hora de energía eléctrica, el más bajo de todo el planeta.
Un país que actualmente se beneficia de su propio gas natural para generar electricidad es Cuba, frente a las bellas playas de Varadero, sin que estas hayan perdido algún atractivo turístico por su cercanía con las plantas NGCC.
Existen tres sitios posibles para la instalación óptima de esas plantas, en Moín, en la planta Garabito y en Golfito. En este último lugar, el ICE podría aprovechar la cercanía de la extracción del gas que se sabe existe bajo el subsuelo de la zona, y de paso generar electricidad suficiente para exportar a Panamá con mínimas perdidas de transmisión, ayudándose a amortizar la inversión que por mas de US$ 50 millones ha realizado en la línea de alta tensión del SIEPAC/EPR. Sin el aprovechamiento de esa línea de transmisión ya casi concluida, el país sigue perdiendo mucha plata, la cual todos pagamos en las altas tarifas eléctricas actuales.
Sabemos muy bien que el ICE no va a desistir de continuar con la construcción de sus dos megaobras civiles ya programadas, pues el gremio de sus sindicatos, constructores y suplidores ya involucrados, jamás se lo van a permitir. Hay mucho más dinero en juego en esas dos obras, que en varias decenas de trochas como la 1856, ahora en abandono.
Sin embargo, pensando en el bien del país y de sus habitantes en general, espero que sea la historia la que decida y juzgue a quienes querían mejorar el nivel de vida en Costa Rica, y a quienes supieron aprovecharse de la ingenuidad y del bolsillo de sus pobladores.