Los diputados han ignorado durante los últimos cuatro años un fallo de la Sala IV que los obliga a crear un marco regulatorio para sancionar a congresistas que incurran en actos deshonestos.
En una resolución del 17 de diciembre del 2008, los magistrados constitucionalistas aclararon que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no puede quitarle la credencial a un legislador por faltas a la probidad, la honradez y la ética.
Debido a lo anterior, señalaron que era una responsabilidad “impostergable” del Congreso el “proveerse de un régimen explícito” para castigar tales faltas.
Sin embargo, algunos diputados alegan que el tema tiene poco ambiente y otros aseguran que no es necesario y, más bien, enfilan críticas contra los magistrados.
“La Sala ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en su propio ojo, con un régimen de salarios, pensiones, anualidades y vehículos discrecionales. En cuanto al tema de probidad (...), se levanta la inmunidad y que (el diputado) vaya a tribunales”, aseveró Fabio Molina, jefe de fracción del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN).
Memorando El fallo que genera esta controversia fue emitido por la Sala IV, al rechazar una acción interpuesta por el entonces diputado liberacionista Fernando Sánchez para que se declararan inconstitucionales cuatro artículos de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento en la Función Pública.
Sánchez, hoy embajador ante el Vaticano, corría en esa época el riesgo de ser expulsado del Congreso por redactar un memorando junto con el entonces vicepresidente de la República, Kevin Casas.
El documento, dirigido al presidente de la República, Óscar Arias, y a su hermano, Rodrigo, incluía recomendaciones para que el ‘Sí’ ganara el referendo sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos mediante la intimidación de alcaldes y ciudadanos.
Debido a ello, la Procuraduría General de la República y el TSE decidieron investigar a Sánchez.
Finalmente, la acción del legislador no prosperó, pero este logró impedir que lo expulsaran, pues la Sala IV señaló que el tribunal electoral no puede quitar a un congresista de su puesto por faltas a la probidad y la ética.
Al respecto, Justo Orozco, representante de Renovación Costarricense, consideró que el legislador ya llega al Congreso con una actitud de “autorregulación”.
“Los que nos metemos a esto, venimos a servir y no a servirnos. Yo he sido diputado dos veces porque mi conciencia está tranquila”, manifestó Orozco.
Otros legisladores como Juan Carlos Mendoza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), consideran que hay una necesidad. “No existen mecanismos para hacer efectivas sanciones cuando se determinan faltas a la probidad”, afirmó .
Para la diputada libertaria Patricia Pérez este tema se debe tomar con mayor seriedad, dado que los legisladores tienen problemas de imagen ante la ciudadanía. No obstante, admitió que no hay ambiente en el Congreso.