Corría el mes de julio del año 2008. En Costa Rica luchábamos contra las leyes de implementación del TLC, la mayoría sobre propiedad intelectual (PI), que teníamos que acatar para poder contar con la certificación de EE. UU. si queríamos ser miembros plenos de dicho tratado. No bastaba haberlo aprobado con un amañado referéndum. Y... teníamos razón en hacerlo. Por otras experiencias, conocíamos de su significado y nos preocupaba que esas leyes ampliaran la obligación del país para reforzar los derechos de PI sobre las plantas.
Corría el mes de julio del año 2008. En Costa Rica luchábamos contra las leyes de implementación del TLC, la mayoría sobre propiedad intelectual (PI), que teníamos que acatar para poder contar con la certificación de EE. UU. si queríamos ser miembros plenos de dicho tratado. No bastaba haberlo aprobado con un amañado referéndum. Y... teníamos razón en hacerlo. Por otras experiencias, conocíamos de su significado y nos preocupaba que esas leyes ampliaran la obligación del país para reforzar los derechos de PI sobre las plantas.
Lo sucedido en ese mismo mes, en la población de Pilot Grove, Missuri, en EE. UU. confirmaba nuestra preocupación. Un pequeño agricultor de soya se quejaba con un periodista de la Prensa Asociada diciendo: “Con Monsanto, eres culpable hasta que no pruebes lo contrario”. El resto del artículo confirmaba cómo en las zonas rurales de EE. UU. los agricultores estaban viviendo el significado de los esfuerzos agresivos de Monsanto para proteger sus patentes.
No es “puro discurso sin fundamento” el que las transnacionales demanden a los pequeños agricultores, como paradójica e irreflexivamente menciona en su artículo “La agricultura demanda seriedad” (La Nación, Foro, 12/12/2012) el Sr. Martín Zúñiga, empleado de la CropLife Latin America, consorcio al que pertenecen las principales semilleras el mundo, entre ellas Monsanto. Los agricultores de EE. UU., Canadá, India y otros países, saben que cualquiera que se atreva a guardar y replantar semillas patentadas, pronto recibirá comunicados de la empresa con amenazas de juicio. El “discurso sin fundamento” arroja datos como que, entre los años 1998 y 2008, de los 250.000 agricultores que compraron semillas patentadas en Estados Unidos mediante la firma de contratos que les prohibían guardarlas y sembrarlas en una segunda cosecha, 120.000 fueron llevados a juicio (Scher Zagier, A. Monsanto patent fight ensnares Missouri farm town. Associated Press News Wire, 10 de julio de 2008). ¿Pertenecen estos agricultores a un planeta diferente al nuestro? Ante tales evidencias, ignoramos por qué el Sr. Zúñiga dice que “(...) no ha sucedido tal cosa en ninguna parte del mundo”.
El caso de Percy Schmeisser, un canadiense productor de canola o colza es aún peor. Él ni siquiera quería en su finca la canola transgénica patentada de Monsanto, pero sus sembradíos fueron contaminados por las semillas de los vecinos por razones impredecibles. Aun así, en 1988 la empresa lo llevó a juicio finalmente ganado por Monsanto en 2004. Esta demanda constituyó un caso sin precedentes en la que una transnacional reclama derechos sin hacerse responsable de controlar el movimiento del polen en el ambiente. Percy y su familia fueron condenados a pagar casi $20.000 de multas y regalías y más de $150.000 por los gastos de juicio.
En entrevista a Percy en que se le pregunta por qué los tribunales lo encontraron culpable de hurto de la canola de Monsanto si él no plantó ninguna de sus semillas, su respuesta fue: “Mi supuesto delito fue infringir su patente... porque había algunas plantas (de canola) transgénicas en mi parcela. El tribunal falló que no importaba cómo llegaron allí, ya sea por polinización cruzada, arrastrada por el viento, caída de los camiones que transportan las semillas, a través del agua de lluvia, o transportada por los pájaros y abejas. El hecho es que allí había algunas plantas y eso significa que soy culpable.”
Ante las evidencias de casos como el de Percy, centuplicados a lo largo de los años como vimos en el primer ejemplo, y de los que podríamos dar más, quisiéramos preguntar al Sr. Zúñiga ¿por qué afirma que las demandas de Monsanto a los agricultores no han sucedido “en ninguna parte del mundo”? A la vez, nos permitimos preguntar a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad si está tomando las previsiones del caso, para que injusticias como estas no pasen en Costa Rica. Sugerimos que la mejor forma de cerrar el paso a situaciones de este tipo, a las que se suman la pérdida de biodiversidad, la contaminación de variedades locales y la ruina de los campesinos, sería no permitir siquiera el ingreso de tales variedades patentadas al país.