El Tribunal de Juicio de San José absolvió por dudas a 21 acusados de participar en un fraude informático con cuentas bancarias.
El líder del grupo, un cubano de apellido Álvarez, fue condenado a diez años de cárcel por un delito continuado de fraude informático, mientras que su cómplice, apellidada Bolaños, a un año.
La mujer recibió el beneficio de ejecución condicional de la pena por tres años, pues no tiene antecedentes penales. Esto la salva de ir a un centro penitenciario.
Los jueces Carlos Chaves, Omar White y Saray Peralta emitieron la sentencia por unanimidad ayer en la tarde, y explicaron que no hubo pruebas suficientes para demostrar la participación de 21 imputados.
Sin embargo, el Tribunal sostuvo que el fraude informático se cometió en perjuicio de varios clientes bancarios.
La Fiscalía señaló en la acusación que el grupo movilizó ¢110 millones, y les atribuyó 26 delitos de fraude informático y uno de asociación ilícita.
Modo de operar. Los jueces explicaron que el delito se perpetró al movilizar dinero de empresas y personas mediante un programa espía que rastreaba las cuentas bancarias de usuarios y sus contraseñas para saquearlas.
Ese programa, llamado key logger se instalaba en las computadoras de las víctimas, luego de que abrían un correo electrónico con el virus.
Para los jueces, Álvarez fue el autor intelectual de todos los delitos. La Fiscalía señaló que el resto de imputados eran los llamados “frenteadores”, reclutados para prestar sus cuentas bancarias y recibir los depósitos.
El grupo actuó entre marzo y octubre del 2007, y en los meses de enero, abril y mayo del 2008. Unas 205 transacciones bancarias irregulares afectaron a los imputados.
La Fiscalía estimó el perjuicio económico a clientes bancarios en ¢83.995.500 y $51.182 (alrededor de ¢25 millones).
No obstante, los 21 presuntos frenteadores quedaron en libertad porque la Fiscalía no demostró con videos, fotografías o vigilancias que estas personas retiraran el dinero depositado a sus cuentas.
Solamente en el caso de Bolaños aparece una fotografía en un cajero automático, del cual retiró el dinero que fue robado a otro cliente.
El Tribunal declaró con lugar una acción civil del Banco Nacional y condenó a cuatro de los imputados a pagar ¢1 millón a cada una de las víctimas.